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Pide Rubén Moreira hablar de justicia y garantizar la defensoría de oficio

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI propone que la discusión de la reforma al Poder Judicial no se limite solamente a un tema de cambio de estructura
Por: HT Agencia El Día Viernes 09 de Agosto del 2024 a las 14:11

Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados
Autor: HT Agencia
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Ciudad de México. - El diputado federal Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, propuso que la discusión de la reforma al Poder Judicial se transforme en un debate sobre la justicia en el país y no se límite a un tema de cambio de estructura, ya que no hay justicia como se quisiera.

En un comunicado sobre su participación en el último foro de los “Diálogos Nacionales de Reforma al Poder Judicial”, realizado en Culiacán, Sinaloa, el líder congresista expuso que no puede haber justicia en este país, cuando faltan jueces, ministerios públicos, peritos, laboratorios periciales y defensores de oficio, para lo que se necesita hablar de presupuesto.

Lo anterior, al evidenciar que en México hay 0.33 jueces federales por cada cien mil habitantes y tres jueces en total, federales y locales, por cada cien mil habitantes; mientras en un país como Grecia hay 40 por cada cien mil habitantes, lo que nos coloca muy lejos de los óptimos posibles. Lo mismo, especificó, sucede en las fiscalías.

Al posicionar en el tema referente a “Impartición, Procuración de Justicia y Seguridad Pública”, el coordinador parlamentario señaló que jueces deben ser aquellos que técnicamente sean los mejores y dejó en claro que confía en la gran preparación y formación que tienen quienes hoy ejercen esta función en México.   

El político coahuilense destacó la importancia de no tocar el Artículo Primero de la Constitución Política, “por ser muestra de un derecho pleno, de un iusnaturalismo pleno y de la defensa, garantía de derechos humanos progresivos. 

“Estoy a favor de que se mantenga el control difuso en un proceso de cercanía de la justicia a las personas”, sostuvo el parlamentario, para luego sugerir que se legisle de una manera más profunda en materia de la defensoría de oficio, además de que se realice una reforma presupuestaria, que garantice derechos a los estados y a los municipios.

Luego de aseverar que cada vez se mandan más obligaciones administrativas a los estados y municipios, sin enviarles más recursos, llamó a ofrecer un presupuesto más federalista, considerando que se tienen temas, como el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y cambios penales que requieren ejercer más dinero en orden y bien medido. “Digamos qué porcentaje del Producto Interno Bruto lo vamos a dedicar a la justicia y a redistribuir en los estados”.

Moreira Valdez habló de la necesidad de mejorar la legislación del país, estatal y federal, para la defensa de la gente, garantizar que aquel ciudadano o aquella persona que no tiene cómo recurrir a un abogado particular, va a ser defendido en igualdad de circunstancias que el resto.

En presencia de la diputada priista Paloma Sánchez, el también coautor del libro “Jaque Mate al crimen organizado” propuso tener leyes para el ejercicio de la abogacía, a fin de mejorar la justicia, teniendo una mejor defensa, con un mejor litigio y también mejores abogados que luego puedan incorporarse a los poderes judiciales.

Luego de felicitar al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado Juan Ramiro Robledo, y al coordinador parlamentario del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, por la organización de los foros, se pronunció porque se tomen en consideración todas las voces y como legisladores asuman una postura de análisis no plegarse, necesariamente, a una postura sin reflexionar. 

“Tengamos una postura dialéctica, acepten las propuestas de la minoría”, enfatizó.

Moreira Valdez manifestó su preocupación porque se atenta contra la presunción de inocencia y se trata de destruir el juicio de amparo. Se solidarizó con las y los trabajadores, jueces y magistrados de los poderes judiciales federales y locales, a quienes hoy se les quiere enfrentar a que sean elegidos, volviendo político un asunto técnico.

 

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