Gobierno de México garantiza autonomía sindical e impulsa diálogo para solucionar conflictos
Ciudad de México. - El gobierno de México, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), garantiza autonomía sindical y promueve el diálogo para la solución de conflictos, afirmó el titular de la dependencia, Marath Baruch Bolaños López.
En conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso como ejemplos los casos del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y de la empresa ArcelorMittal.
Planteó que las elecciones en sindicatos y el resguardo de esas organizaciones corresponde exclusivamente a trabajadoras y trabajadores. Aclaró que las autoridades no intervienen en los procedimientos.
Las y los trabajadores, dijo, fijan las fechas de los procesos electorales bajo los estatutos determinados en el propio sindicato. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral sólo verifican y vigilan el cumplimiento del voto personal, libre, secreto y directo, en apego a la Ley Federal del Trabajo.
Las elecciones seccionales del STPRM, puntualizó, se efectuaron en dos etapas: el 15 de julio, trabajadores petroleros participaron en la elección de 34 de sus Comités Ejecutivos Seccionales, mientras que el 5 de agosto se llevó a cabo el proceso electoral de la sección 40, que abarca 61 delegaciones sindicales en 28 entidades y la reposición de los comicios en la sección 38 con sede en Salina Cruz, Oaxaca.
Participaron 74 mil 656 trabajadores de un padrón de 91 mil 188 afiliados, es decir, votó el 82 por ciento de la plantilla laboral. La próxima semana, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral notificará los resultados seccionales y analizará las quejas e inconformidades para que, en caso de existir duda razonable, se reponga la elección.
El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana ejecutará la elección del Comité Ejecutivo Nacional en el último trimestre del año con el propósito de preparar los tiempos de campaña entre aspirantes a las dirigencias nacionales. El sindicato ya solicitó la presencia de verificadores del Centro Federal Laboral y de la STPS, refirió.
El secretario Bolaños López recordó que la reforma laboral de 2019 garantiza la no injerencia de autoridades y patrones en la vida sindical, por lo que el gobierno federal ya no impone ni quita a líderes sindicales. De este modo, aseguró, no hay más elecciones simuladas ni a mano alzada; las y los trabajadores eligen libremente a sus dirigentes y aprueban los contratos colectivos de trabajo.
Respecto al conflicto laboral en ArcelorMittal, puntualizó que el diálogo y la construcción de convenios permitió preservar la fuente de trabajo de 8 mil familias en Michoacán. El desacuerdo inició en 2021 por la negativa de la empresa al pago del 10 por ciento de utilidades entre sus empleados.
El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y la STPS entablaron una mesa de diálogo con la empresa y el Sindicato Nacional Minero que derivó en una propuesta aprobada por la mayoría de los trabajadores. El planteamiento considera incremento salarial, salarios caídos, establecimiento de auditorías para transparentar el reparto de utilidades de 2021, 2022 y 2023, así como prestaciones económicas.
A partir de la aprobación, ArcelorMittal reanudó sus actividades con normalidad en el puerto de Lázaro Cárdenas, indicó.
“Ha habido, en general, en la administración, un ambiente laboral de diálogo y construcción de acuerdos, que buena parte, incluso las reformas que se han planteado por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, esta ha sido la vía a través del diálogo. Decirles que desde la Secretaría del Trabajo continuaremos también atendiendo todas las solicitudes que existan”, señaló.
Ante representantes de medios de comunicación el funcionario recordó que los principios de la reforma laboral de 2019 mejoran las relaciones obrero patronales a partir de un nuevo modelo de justicia que contempla una instancia conciliatoria obligatoria previa a juicio, la extinción de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje y la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el cual lleva el registro nacional de todos los sindicatos y contratos colectivos de trabajo, verifica los procedimientos de democracia sindical y fomenta la conciliación laboral de competencia federal.
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