Coahuila. - La Cámara de Diputados realiza en Saltillo, Coahuila el octavo foro de los diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial, enviadas por el Ejecutivo Federal, con el tema “Defensoría de Oficio y Colegiación del Ejercicio de la Abogacía”.

Analizar si funcionan los defensores

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), recordó que este tema y los del próximo foro no forman parte del tema central de la reforma al Poder Judicial, “se agregaron para darle un contorno a la discusión que habrá sobre el sistema de justicia; no puede haber sistema de justicia que funcione sin alguien que lo impulse y no puede caminar el proceso sin defensores ni acusadores en la parte penal”.

Se trata, dijo, de ver si están funcionando los defensores del Estado mexicano, están bien pagados, tienen la capacidad esos defensores de oficio, deben quedarse ahí o qué les falta, y del otro lado, los buenos abogados de paga particular o los que ponen malas prácticas en el proceso judicial, pero hay que ver si el sistema de justicia puede caminar muy bien y si el ejercicio de la profesión se puede colegiar.

Relató que, según el INEGI, hay 442 mil abogados en el país. Además, es necesario saber si la colegiación se debe entender como un requisito más para ejercer la profesión en ciertas materias, quién dará ese ejercicio profesional y si se puede hacer con la masificación de la abogacía. “Yo no lo veo tan sencillo, pero son retos del sistema de justicia en México”.

Robledo Ruiz añadió que el tema del foro es fundamental, pues jueces, magistrados, académicos, profesores, barras y colegios de abogados están pensando siempre en los derechos humanos, pero “será el único valor que hay que cuidar en México; la seguridad pública no es preexistente para los derechos humanos, sin seguridad pública pueden existir y puede haber validez de ellos”.

En próximos días se expresarán modificaciones a la iniciativa

El coordinador del grupo parlamentario de Morena, diputado Moisés Ignacio Mier Velazco, informó que en próximos días se manifestarán las primeras modificaciones a la iniciativa en aspectos como: la conformación y nueva configuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la implementación de la modificación del procedimiento de designación de los integrantes.

Refirió que lo anterior es con el objeto de garantizar los criterios de legibilidad, garantizar se cumplan los requisitos, y que hombres y mujeres puedan pasar a través de los comités técnicos que se instalarán con personas del más alto nivel y experiencia en la impartición y procuración de justicia.

“Para definir a través de entrevistas, exámenes y ensayos la idoneidad de los más capacitados, preparados, de los que tienen las características académicas y personales para cumplir con esa función”, añadió.

Destacó la importancia de garantizar a todos los trabajadores que los derechos adquiridos, incluido los haberes de retiro que están alojados en dos de los 13 fideicomisos se van a respetar, porque es dinero de los trabajadores y producto de su trabajo de años de esfuerzo. “El día de hoy, damos testimonio de que vivimos en un país democrático y que sabemos escuchar”.

Defensoría a nivel federal y local se ha vuelto obsoleta

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila (Morena), externó que el tema de la defensoría pública en el país se remonta al año de 1847; sin embargo, hasta el 29 de mayo 1989 que entró en vigor la Ley Federal de la Defensoría Pública, creó el actual Instituto Federal de la Defensoría Pública, dotándola de independencia técnico-operativa y adscribiéndola al órgano interno del Consejo de Judicatura Federal (CJF).

Argumentó que dicho instituto es el encargado de garantizar la defensa pública de las personas ante autoridades del fuero federal; el servicio se brinda a través de personas defensoras públicas en materia penal y personas asesoras jurídicas en todas las materias que no son del orden penal; todo ello, bajo los principios de gratuidad, probidad, honradez y profesionalismo.

Monreal Ávila resaltó que actualmente la evolución del desempeño de la defensoría pública, tanto local como federal, es poco alentadora, pues diversas encuestas muestran que personas privadas de su libertad acuden a este servicio y lo califican de forma negativa en casi 80 por ciento de los encuestados. “No desconocemos que la defensoría en el nivel federal y local se ha vuelto obsoleta; tanto las defensorías federales como locales son acumuladas y presionadas por el rezago de trabajo”.  

Consideró relevante acompañar la reforma al Poder Judicial con la modificación al ministerio público o al sistema de procuración de justicia. La mejora de la defensoría, aseguró, tiene como objetivo avalar los derechos de la ciudadanía, fortalecer la gobernabilidad y la transparencia, e impulsar la profesionalización y el acceso a la justicia; todo ello, para contribuir a una sociedad más justa, transparente y participativa.

Necesitamos transformar realmente a las defensorías públicas

El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, destacó la importancia de celebrar este foro para analizar uno de los temas fundamentales de la reforma como es la defensoría pública, porque es el espacio más cercano que tiene la gente en el Poder Judicial.  

Refirió que en el país existen seis mil 363 defensores públicos y asesores locales que atienden a casi dos millones y medio de asuntos anuales; es decir, cada defensor atiende en promedio 370 asuntos. Sin embargo, hay estados como Coahuila que alcanza a atender de 800 asuntos anuales.

Detalló que el 72 por ciento de las personas vinculadas a proceso en México requiere de un defensor público; por ello, “necesitamos más defensores y transformar realmente las defensorías públicas”.

Mery Ayup consideró que, una vez que se ha cedido la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, se podría incorporar en las defensorías públicas un esquema de mediación para ver cuántos asuntos se pueden mediar y cuántos pasan a asesoría jurídica. De esta manera, indicó, se tendría un esquema más sencillo para la gente y se llevaría menos tiempo solucionar un conflicto.