Ciudad de México. - El diputado federal por Acción Nacional (PAN), Éctor Jaime Ramírez Barba, aseguró que “la propuesta del presidente que reforma el artículo 4 de la Constitución Política presentada el pasado 5 de febrero, que pretende establecer una cobertura universal de salud, se queda corta en su alcance y factibilidad”. 

Señaló que “es preocupante observar que, a pesar de las promesas de ampliación en la cobertura, no se establecen mecanismos claros de financiamiento y atención a la salud, principalmente en el tercer nivel de atención, donde hoy no hay recursos”.

El secretario de la Comisión de Salud dijo que incluso la propia Secretaría de Hacienda, en su estudio sobre el impacto financiero que acompaña a la propuesta de reforma al artículo 4 constitucional, dice que dicho proyecto no genera gastos, no repercute en los programas, no tiene destino específico de gasto y no genera nuevas atribuciones. 

“En conclusión, la reforma es puro humo y no sirve para nada”, enfatizó.

Aseveró que, frente a esta situación, “en el PAN proponemos un modelo de financiamiento y atención de alta especialidad que garantice la atención de cada mexicano, siguiendo el esquema del Seguro Popular. En Acción Nacional le tomamos la palabra al presidente, hay que profundizar en la protección constitucional a la salud, pero poniéndole dinero. 

“Estamos planteando agregar a la reforma constitucional que el Gobierno Federal cubrirá anualmente, al menos, una cuota social por cada persona sin seguridad social para garantizar su atención, la cual se canalizará a través del patrimonio del Fondo de Salud para el Bienestar, conforme a las estimaciones de cobertura en salud que realiza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

“Nuestra propuesta consiste en que, por cada persona sin seguridad social, el Estado realice una aportación fija, claramente definida por ley. Este enfoque asegura que dispongamos de los recursos necesarios para ofrecer atención médica de calidad y medicamentos ante enfermedades muy costosas, a cada niña, niño, mujer y hombre en nuestro país”, anotó.

Ramírez Barba dijo que el PAN propone acceso a medicamentos garantizado en el sector público o que el gobierno los pague si no tiene abasto. 

“Buscamos garantizar el acceso a los medicamentos, y un sistema de reembolso del costo en caso de desabasto y deban ser cubiertos por la persona. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Estado se encuentra obligado al suministro del tratamiento de forma oportuna, permanente y constante y, además, debe ser entregado considerando el estado de salud del paciente, así como sus requerimientos médicos y clínicos, tomando particular importancia cuando se trata de padecimientos en los que el éxito del tratamiento dependa, principalmente, del óptimo cumplimiento en la toma de medicamentos. Si el gobierno no cumple con los medicamentos, al menos deberá pagarlos”. 

Ramírez Barba indicó que hay que hacer realidad el derecho a la salud en el artículo 4 de la Constitución Política. “Diseñemos una reforma que sí sirva, de nada valdrá una modificación a la que le falta el dinero, le falta planeación, profundidad y corazón para atender a los pacientes. 

“Estamos a favor de la reforma, pero también consideramos que se puede mejorar, y ponerle lo suficiente para que sea financiable y verdaderamente implique una mejora en la protección del derecho a la salud”.

El diputado aseveró que nuestro Sistema de Salud quedó terriblemente dañado en esta administración. Por ello, “coincidimos en que el derecho a la salud debe estar garantizado por el Estado mexicano, y celebramos que uno de los temas de las reformas constitucionales del Presidente sea justamente el derecho a la salud”.

Sin embargo, anotó, “tenemos que revisar con detalle esta reforma constitucional al artículo cuarto. En este sexenio, cada que el Congreso de la Unión atendió una reforma que realiza cambios estructurales en el Sistema de Salud hemos retrocedido en cobertura, financiamiento y el acceso a tratamientos y medicamentos”. 

Dijo que retrocedimos en 2019, con una reforma a la Ley General de Salud que desapareció el Seguro Popular para dar paso al Insabi. La cobertura de servicios de salud cayó en 30 millones de 2019 a 2023, el peor desempeño del que se tenga registro. 

Dos años después el Insabi fue liquidado por su incompetencia y el pésimo diseño de la institución que se contempló en la Ley General de Salud. “Esa reforma se hizo de manera improvisada, los legisladores de la oposición señalamos que había errores en la naturaleza y funciones del Insabi, en el nuevo esquema de compra de medicamentos, dijimos que caería la atención en el tercer nivel de atención al permitir que tomaran a capricho el dinero acumulado en el fondo contra gastos catastróficos. Y el tiempo nos dio la razón. El Insabi fue una catástrofe. 

Recordó que en abril de 2023 durante el “viernes negro”, en un solo día presentaron una nueva reforma improvisada a la Ley General de Salud y la aprobaron en esa misma sesión violando todos los procesos legislativos. Extinguieron formalmente al Insabi y se consolidó el IMSS-Bienestar. 

Sin embargo, al igual que en 2019, no se planeó de manera adecuada la nueva institución. Miles de profesionales de la salud perdieron su empleo o fueron víctimas de abusos laborales con la creación del IMSS-Bienestar, les redujeron el sueldo, les quitaron antigüedad y prestaciones. Apenas la semana pasada los trabajadores de la salud fueron a manifestarse a Palacio Nacional para exigir lo que les quitó el IMSS-Bienestar, pero no se ven soluciones.  

“El IMSS-Bienestar es una institución que se diseñó para concentrar el dinero de la salud en unas pocas manos, para quitarle a los estados sus hospitales y su nómina; para usar los recursos a capricho y sin rendir cuentas. No les interesa mejorar los servicios de salud, les interesa el control presupuestal. Prueba de ello son los 800 mil muertos en exceso de la pandemia, 300 mil atribuibles a la mala gestión del sistema de salud.

“Este gobierno ha sido un fracaso en salud y no estamos corrigiendo nada con la presente reforma constitucional”, concluyó Ramírez Barba.