Ciudad de México. - La diputada federal panista María Elena Pérez-Jaén Zermeño, ha solicitado un amparo al Poder Judicial en contra de la fiscal en combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos Borja, por presuntas violaciones a sus derechos de petición y debido proceso, así como por omisiones en la respuesta a sus denuncias.

Recordó que desde junio de 2022 a la fecha ha presentado 205 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR), sobre irregularidades en la administración de recursos públicos bajo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero a pesar de las denuncias, no ha recibido información sobre el estado de estas investigaciones.

El 16 de julio de este año, manifestó que solicitó información actualizada sobre estas denuncias, sin recibir respuesta. Entre las denuncias presentadas se encuentran:

Irregularidades en adquisiciones por 496 millones de pesos en la Comisión Nacional del Deporte, bajo Ana Gabriela Guevara.

170 millones de pesos no aclarados en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, durante la gestión de Luisa María Alcalde.

Casi 8,000 millones de pesos sin esclarecer en la administración de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México.

3,000 millones de pesos no aclarados del programa Sembrando Vida, a cargo de Javier May Rodríguez y María Luisa Albores González.

Deficiencias en el Tren Maya, incluyendo el uso de materiales de mala calidad.

Desaparición de medicamentos oncológicos en el Hospital Infantil Federico Gómez, por 6.7 millones de pesos.

Irregularidades en adquisiciones de ventiladores y mascarillas por el Insabi, con casi 1,000 millones de pesos involucrados.

Corrupción en Segalmex y Liconsa, con montos no aclarados por 19,770 millones de pesos.

Pérez-Jaén también criticó el gasto de 224 millones de pesos en la Fiscalía Especializada durante 2024, alegando que la fiscalía no ha cumplido con su función investigadora. La diputada ha presentado una denuncia adicional contra Mijangos Borja ante el Fiscal General Alejandro Gertz Manero, solicitando que se inicie una investigación administrativa por obstrucción de justicia.

Pérez-Jaén Zermeño concluyó que la omisión de la fiscal constituye un acto de abuso de autoridad, que vulnera los derechos de los denunciantes y entorpece la justicia. Por ello, solicitó que se remita el caso al Órgano Interno de Control de la FGR para que se realicen las investigaciones pertinentes.