La confianza poblacional hacia el gobernador Américo Villarreal Anaya, con relación a su ejercicio del 2023, alcanzó un 62.9 por ciento, según refiere el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Ese resultado se obtuvo en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENICIG), elaborada por el Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI).

Así, la administración del Doctor queda ubicada en el primer lugar del ranking nacional, como era de esperarse, siendo la información confirmada el domingo que nos antecede, durante la conmemoración del Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública, donde se puntualizó que, a nivel nacional, el 48.2% de la población confía en los gobiernos estatales, lo que pone de manifiesto el alto nivel de confianza de los tamaulipecos hacia el gobierno de Américo.

Esto le permitirá al mandatario realizar la recomposición de su equipo más cercano de colaboradores sin ningún contratiempo; o rechazo, por lo que respecta a los ciudadanos.

Y no tarda en darse, ya que la recomposición estructural del aparato burocrático es un asunto que el gobernador Américo Villarreal ofreció hacer llegado el momento –en corto tiempo--, por lo cual en lo sucesivo les tocará a sus colaboradores (del nuevo equipo) sudar la camiseta igual que él, trabajar a su mismo ritmo e ir al encuentro de la población tamaulipeca, porque sólo así podrán tener una percepción correcta de la responsabilidad inherente a sus cargos.

De antemano, todos y cada uno de los nuevos funcionarios, desde los secretarios, subsecretarios, directores generales y de área, bien saben el terreno que pisarán, pues (se supone que) son profesionales en el ejercicio público y, como políticos que también son, debieran estar informados del quehacer correspondiente a cada dependencia.

En fin, falta poco para conocer la identidad de los nuevos.

Y sólo esperamos que se pongan a “jalar”, pero en serio.

Delegaciones, bajo lupa

Para evitar que la alta burocracia federal --adscrita a las delegaciones--, se apropie de los bienes públicos en este ocaso del período sexenal –como lo acostumbra previo a cada transición, cuya etapa se ha dado en llamar ‘año de Hidalgo’--, la Secretaría de la Función Pública (SFP) debe exigir que los titulares del gabinete legal y del gabinete ampliado levanten inventarios del equipo de cómputo, vehículos, mobiliario y otras propiedades porque éstas son pertenencia del pueblo.

Esto quiere decir que, habiendo voluntad por parte del secretario de la Función Pública --con funciones de contralor--, Roberto Salcido Aquino, no se perdería ni siquiera una silla; y, además, Andrés Manuel López Obrador aún está a tiempo de obligar a sus virreyes quienes ya se van, igual que él, a entregar puntualmente los bienes que son de todos los mexicanos.

Asumiendo tal disposición, los responsables de salvaguardar el estado de derecho prácticamente marcarían un alto a la voracidad burocrática que, durante muchos años, mostraron los delegados federales (al término de los regímenes) robándose cuanto estuvo a su alcance, mientras los empleados del nivel medio (regularmente conformado por gente ‘de toda su confianza’) también cometieron actos de pillaje, o rapiña, aunque a menor escala; y sin importarles el daño causado a las representaciones gubernamentales.

En una evaluación seria sobre el costumbrismo político-administrativo, se desprende que quienes se van suelen ‘autoindemnizarse’ con equipo de cómputo, televisores, cámaras fotográficas de alta gama, drones, vehículos y hasta mobiliario, porque su máxima en este mentado ‘año de Hidalgo’ era ‘¡chingue a su madre el que deje algo!’.

Al respecto, valdría la pena que los trabajos preparatorios a la entrega-recepción de esta administración se realizaran de acuerdo a la ley, para así garantizar que los espacios físicos que recibirán los que vienen, estén en la mejor condición, como el equipo y mobiliario en orden y el parque vehicular oficial sin fallas; además que los estados financieros estén actualizados.

Pero… bueno, esto es tan sólo un sueño guajiro.

Lo que no tengo en duda, es que las delegaciones federales están hoy bajo la lupa de los secretarios del gabinete legal y los titulares del gabinete ampliado.

Reza un refrán popular: ‘a río revuelto, ganancia de pescadores’, para indicar que en las revueltas y los desórdenes suelen sacar utilidad los que saben aprovecharlas.

Refiero esta cita porque es elocuente para describir los problemas que al final del período reglamentario registran las delegaciones federales y por observar que hasta hoy (inclusive), nadie ha asumido la responsabilidad de exigirle cuentas a los que se van.

En principio pareciera que el desorden ha surgido porque se ha dado paso a la democracia y ésta permite que en el cambio de poderes se admitan como ciertas las cuentas presentadas por los que se van, pero la realidad es otra, más amarga, a tal grado que ahora hay funcionarios federales que se sienten con derecho a destruir lo que nunca construyeron; o a llevarse lo que nunca trajeron.

Pero mientras se decide si el alto mando está o no dispuesto a tolerar la atrocidad, surgen acelerados que tratan de cubrir sus malos manejos administrativos y que pujan y empujan para que nadie ose investigarlos.

Usted puede verlos allá en la loma, el Palacio Federal, la CFE y el ISSSTE, por mencionar algunas delegaciones, al igual que la SRE y Bienestar.

Correo: jusam_gg@hotmail.com

Juan Sánchez Mendoza

Ha ejercido el periodismo durante más de tres décadas, alcanzado premios estatales en dos ocasiones; autor del libro "68. Tiempo de hablar"(que refiere pormenores del memorable movimiento estudiantil); autor de ensayos literarios; y reportero de investigación de tiempo completo, acá en territorio nacional y más allá de nuestras fronteras y del continente americano.