Ciudad de México. - La diputada federal por el Partido del Trabajo, Concepción González Molina impulsa una iniciativa que busca declarar el 22 de diciembre como Día Nacional para Eliminar la Violencia contra los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

La propuesta, turnada a la Comisión de Gobernación y Población para su análisis, señala que el objetivo es visibilizar la violencia que padecen y, con ello, llevar a cabo acciones en la materia.

Refiere que los grupos indígenas sufren acoso del crimen organizado para despojarlos de sus tierras y la sobreexplotación de los recursos naturales. Estos dos fenómenos, añade, han agravado la violencia contra esas comunidades.

Argumenta que la construcción de minas a cielo abierto, centrales de generación eléctrica, puertos y carreteras sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades, violan los derechos territoriales y culturales de los pueblos originarios y origina la degradación del medio ambiente, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación de fuentes de agua.

 Menciona que “los grupos criminales buscan controlar territorios estratégicos para el tráfico de drogas, armas y personas; asimismo, para la explotación ilegal de recursos naturales como madera, minerales y biodiversidad, y en su afán de expandir su dominio, recurren a tácticas brutales que incluyen asesinatos, desapariciones, desplazamiento de comunidades y reclutamiento forzado de jóvenes indígenas”.

 En este sentido, apunta que de acuerdo con un estudio realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) entre 2006 y 2019 se registraron más de 9 mil casos de desapariciones forzadas en el país, muchas de ellas ocurridas en regiones indígenas donde el crimen organizado tiene una fuerte presencia.

En tanto, el informe de la Indigenous People Rights International “El asedio y el desprecio: Informe de México sobre 16 casos de pueblos indígenas”, señala que las comunidades indígenas viven una situación que profundiza las condiciones de desigualdad, pobreza, violencia e impunidad, en especial para quienes defienden sus territorios y su libre determinación, quienes enfrentan conflictos agrarios territoriales y defienden sus derechos en el marco de proyectos extractivos, energéticos, hidroeléctricos, hidrológicos y turísticos.

Dentro del informe publicado en junio de 2022, también se menciona que Campeche, Chihuahua, Guerrero, Chiapas, Sonora, Michoacán, Oaxaca y Yucatán son las entidades que más violentan los derechos de las comunidades indígenas, a manos de grupos de poder, paramilitares y delincuencia organizada.