Una vez calificada la contienda para designar Presidente de la República y legisladores federales, a partir de hoy es competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolver, conforme a derecho, toda impugnación de los partidos participantes y/o de sus candidatos.

Por tanto, el rejuego postelectoral no termina hasta que se acaba.

Es decir, para darle vuelta a la página es necesario que esa instancia concluya sus trabajos.

¿Cuándo?

Durante el período vacacional veraniego.

Así lo considero porque este día y los tres hábiles subsecuentes, es el plazo legal que se concede a los inconformes para presentar su queja.

Inmediatamente el TEPJF habrá de desahogar cada caso en particular y ofrecer sin dilación alguna sus resolutivos.

De ahí mi consideración de que antes de terminar julio sea disipada cualquier duda, al menos jurídicamente, sobre los triunfos y fracasos.

Igual amerita una reflexión generalizada sobre el comportamiento que tras el escrutinio adoptaron los jerarcas partidistas y candidatos.

Por una parte, suman muchos los que reconocieron el veredicto del Instituto Nacional Electoral (IFE) –sustentado en los votos depositados en las urnas--, aceptando que el resultado les fue desfavorable, y, por otra --como ya es su costumbre--, los menos, recurren a la impugnación, pues para ellos la democracia sólo es privilegiada cuando ganan.

Y que conste, aquí resultan involucrados los siete partidos políticos con registro oficial y una caterva de candidatos.

Lo peor del caso es que los inconformes despliegan una estrategia de confrontación –no sólo con sus adversarios ocasionales, sino con la autoridad misma--, dándose a la tarea de poner en tela de juicio la imparcialidad de los comicios.

A la hora de la verdad volvemos a ser testigos de actitudes y conductas irreductibles, que apuestan a reventar el proceso mediante fantasiosas denuncias e impugnaciones, montando un espectáculo grotesco.

Esta tónica, por desgracia, ha encontrado eco en las llamadas redes sociales exhibiendo una imagen que no corresponde a la realidad-- hasta el grado de poner en entredicho la civilidad y participación ciudadana--, y ante los ojos del mundo mancha a nuestro país.

De ahí que a pocos analistas y líderes de opinión les sorprenda este operativo montado por quienes fracasaron en su intento de instalarse en el poder por el poder mismo.

Impugnación recurrente

La cultura de la impugnación en los asuntos comiciales sigue siendo el talón de Aquiles de nuestra democracia, como queda evidenciado con la inconformidad surgida tras los resultados electorales de la justa que ya acaricia su etapa final, a cargo de un Tribunal que se supone es apolítico e imparcial.

Y es que como en todas las luchas en que está de por medio la conservación o búsqueda del poder, los actores principales acuden a cuanto recurso esté a su alcance a fin de lograr el objetivo fijado.

Esto, además, incluye acciones que se sitúan al margen de la ley, aunque en público se niegue.

Es por demás evidente que las más de las veces los opositores no ajustan su actuación en la normatividad existente, y, por el contrario, de manera reiterada y sistemática tienden a violentarla.

En un principio se benefician de las prerrogativas electorales y del reparto de posiciones de elección popular, pero cuando lo consideran necesario, lanzan una embestida en contra del sistema electoral del cual fueron o son copartícipes.

Lo más recomendable para ellos, por tanto, es que practiquen un examen de conciencia.

Que razonen seriamente la postura que asumen en la coyuntura postelectoral, con una perspectiva de dignificar la política no en base al pragmatismo utilitario.

Examen de conciencia

Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz y sus seguidores, principalmente, no tienen el derecho moral, aunque sí legal, de inconformarse ante todo y por todo, por lo que es recomendable que ellos pongan el ejemplo de llevar a la práctica el examen de conciencia sugerido por Andrés Manuel López Obrador –so pena de que el escarnio público los haga perros del mal--, a fin de que realmente consideren aspectos elementales como los siguientes:

1) Que en una elección triunfan los personajes que tienen arraigo y trabajo entre los diversos segmentos sociales, y no los improvisados ni los aventureros que le apuestan a la suerte y el escándalo como estrategias de campaña.

2) Que no basta con asegurar que hay irregularidades en los procesos electorales, toda vez que lo fundamental es aportar pruebas. La sociedad está harta de especulaciones y mentiras; exige hechos contundentes.

3) Si se está en desacuerdo con las reglas fijadas en las competencias electorales, hay que convencer a la ciudadanía, los partidos políticos y a los factores de poder, para que sean modificadas de manera seria y responsable, en beneficio de la equidad y el desarrollo democrático.

4) Es pertinente abandonar la dualidad con que se asumen los resultados electorales; es decir, es de irresponsables hablar de transparencia y limpieza cuando se gana, y de trampas y violaciones al ordenamiento electoral, cuando se pierde.

5) Es impostergable revalorar que son órganos ciudadanos los que conducen los comicios y el funcionamiento de los mismos. En todo caso son perfectibles, pero no se les puede enjuiciar de manera frívola e irresponsable, sin proponer alternativas viables.

¿Acaso ya lo hicieron?

Esta interrogante va también con copia a todos y cada uno de los inconformes que en las urnas no alcanzaron el triunfo que hoy tanto pelean en los tribunales.

Correo: jusam_gg@hotmail.com

Juan Sánchez Mendoza

Ha ejercido el periodismo durante más de tres décadas, alcanzado premios estatales en dos ocasiones; autor del libro "68. Tiempo de hablar"(que refiere pormenores del memorable movimiento estudiantil); autor de ensayos literarios; y reportero de investigación de tiempo completo, acá en territorio nacional y más allá de nuestras fronteras y del continente americano.