Ciudad de México. - La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Janine Otálora Malassis aseguró que, las personas indígenas en México, además de contar con juzgadores que consideren en sus sentencias el principio de autodeterminación establecido en la Constitución, requieren el acceso a una justica que sea del mejor nivel, profesional y sin costo alguno.

Al participar en el evento paralelo “El acceso a la justicia de los pueblos y comunidades indígenas en torno a la libre determinación, y el papel de las juventudes”, organizado por el TEPJF en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD), la magistrada expuso cómo el Tribunal Electoral, a través de sus resoluciones, ha garantizado la libre determinación y participación política de este sector, así como el reconocimiento de los sistemas normativos internos.

El encuentro, llevado a cabo en el marco de la 23° Sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas de la ONU (UNPFII) en Nueva York, Estados Unidos, la magistrada Otálora Malassis señaló que gracias al litigio estratégico de la Defensoría Pública Electoral del TEPJF, la Sala Superior ha emitido criterios relevantes en beneficio de este grupo en desventaja.

Destacó que el avance de la defensa de los derechos de grupos históricamente discriminados se debe a la colaboración permanente que se mantiene entre la Defensoría Pública Electoral y el Tribunal Electoral. “Es una construcción conjunta lo que nos permite hacer la jurisprudencia y poder darle consistencia a la representación, no sólo de la población indígena, sino también de todos los grupos en situación de vulnerabilidad”, apuntó.

En este espacio, que tuvo como objetivo analizar los procesos de acceso a la justicia y las resoluciones de tribunales electorales de diversos países en la consolidación del derecho a la autodeterminación de comunidades y pueblos indígenas, con énfasis en la participación de las juventudes, la titular de la Defensoría Pública Electoral del TEPJF, Marina López Santiago destacó el papel de esta instancia al contar con un claro marco de actuación.

Al respecto, señaló que, ante la vulneración de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas, se ofrece representación, asesoría jurídica y coadyuvancia para la mediación y orientación de litigios en la materia.

Las participantes de la Red de Jóvenes Indígenas de América Latina y el Caribe (RED-LAC) y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) resaltaron el desafío en la participación de las juventudes, que implica un trabajo de articulación con los procesos normativos para garantizar su inclusión en la toma de decisiones.

Reconocieron que las nuevas generaciones enfrentan el reto de cerrar la brecha y, para ello, es esencial el fortalecimiento de capacidades, así como brindar mentoría intergeneracional que facilite la incidencia efectiva.

Adicionalmente, las y los expositores coincidieron en que la mirada indígena desempeña un papel fundamental, y que el trabajo de los tribunales electorales es crucial para garantizar que la voluntad popular se exprese adecuadamente.

En el evento también participaron Rodrigo Eduardo Paillalef Monnard, experto UNPFII, Chile; Annabelle Sulmont, oficial nacional, gobernanza efectiva y democracia, PNUD en México; Dalí Ángel Pérez, coordinadora del Programa de Juventud y Mujer del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC); Kantuta Diana Conde Choque, miembro de la Red de Jóvenes Indígenas de América Latina y el Caribe (RED-LAC), así como Mónica Valdez Murphree, directora general de Relaciones Institucionales Internacionales del TEPJF, quien fungió como moderadora.

Desde 2011, el TEPJF y PNUD México han promovido espacios de discusión en el marco del Foro Permanente y han contado con el apoyo y la participación de diversas instancias nacionales e internacionales.