Declaración de procedencia y de juicio político

Las y los integrantes de la Comisión aprobaron con 25 votos a favor, el dictamen por el que se reforman los artículos 10, 11, 12, 34 y 35 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en materia de declaración de procedencia y de juicio político.

 Romero Hicks dijo que este dictamen busca garantizar la pluralidad, la proporcionalidad y la equidad de género en la conformación de la Sección Instructora y la figura del juicio político y la declaración de procedencia al incrementar a los integrantes de cuatro a cinco, además, hacen precisiones conceptuales que permiten dar certidumbre a estos procesos parlamentarios.

La diputada Martha Alicia Arreola Martínez (Morena) mencionó que el dictamen pretende modificar a la Sección Instructora y a la Sección de Enjuiciamiento de la Cámara de Senadores, las cuales actualmente se conforman de cuatro integrantes, lo que podría dar lugar a decisiones empatadas que no encuentren una solución. Agregó que la integración impar garantizará que se alcance una decisión de mayoría.

La diputada Lidia Pérez Barcenas (Morena) resaltó que el proyecto busca garantizar que las resoluciones de las secciones no terminen empatadas, asegurar la imparcialidad y la objetividad en los procesos de dictaminación y estar en concordancia con la Ley Orgánica del Congreso General y la normatividad interna de cada órgano legislativo.

Obra pública debe contar con proyecto ejecutivo terminado

La instancia legislativa ratificó con 24 votos a favor, el dictamen por el que se reforma el artículo 24 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para establecer como requisito fundamental el tener un proyecto ejecutivo.

Romero Hicks expresó que la finalidad es que toda obra pública cuente con el proyecto ejecutivo terminado para poder ser ejecutada. “Es una extraordinaria propuesta, pues como ha dicho el secretario de la Función Pública, el 80 por ciento de las tentaciones de corrupción vienen de adquisiciones y obra pública”. 

Adecuación normativa

Con 24 votos a favor aprobó el dictamen por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, en materia de adecuación normativa.

En este sentido, el presidente de esta instancia legislativa explicó que este dictamen trata de una armonización necesaria en el uso de las frases de “Distrito Federal” por la Ciudad de México y de Salarios Mínimos a UMAS, así como precisiones a las leyes de transparencia, las cuales deben apegarse a los procedimientos de contratación de la obra pública.

Desempeño de servidores públicos

Con 25 votos a favor, se avaló el dictamen que reforma el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de desempeño de los servidores públicos con eficiencia y transparencia.

El diputado Romero Hicks indicó que se busca aumentar el catálogo de principios a los que se deben apegar las personas servidoras públicas en el desempeño de sus cargos. “El mayor antídoto contra la corrupción es la transparencia y la rendición de cuentas”.  

Juan Guadalupe Torres Navarro, diputado de Morena y promovente de la iniciativa, argumentó que se alimenta el espíritu de la rendición de cuentas y se fortalece el combate a la corrupción, al fomentar a servidoras y servidores públicos a acatar nuevos principios en su actuar como parte de la estructura del gobierno que se dedica a administrar los recursos de la gente. “Fortalece la lucha contra la corrupción e impunidad”.

Declaración de procedencia

Asimismo, las y los integrantes aprobaron con 26 votos a favor, el dictamen por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en materia de declaración de procedencia.

 Al respecto, Romero Hicks detalló que esta reforma establece que cuando la Cámara de Diputados declare el desafuero las legislaturas locales actúen en consecuencia.

Ampliar participación del testigo social

También, se aprobó por 25 votos a favor, el dictamen que reforma los artículos 26 Ter de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 27 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en materia de testigo social.

Romero Hicks precisó que el dictamen atiende cuatro iniciativas de diputadas y diputados de Morena, PAN y MC, cuyo propósito es mejorar y ampliar la participación de los testigos sociales al momento de hacer las compras públicas y fortalecer la incidencia de la sociedad civil en el seguimiento y control del ejercicio de los recursos públicos.

Como promovente, la diputada Lidia Pérez Bárcenas (Morena) aplaudió legislar sobre los testigos sociales en los procesos que establece la Ley de Obra Pública, en lo que se refiere a adjudicaciones o licitaciones públicas, así como transparentar los procesos, por medio de la participación de las asociaciones civiles y que los testigos se regulen y no sean personas que hayan sido inhabilitados. 

El diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez (Morena), también promovente, afirmó que la figura de testigo social es un mecanismo ciudadano en la gestión de las contrataciones públicas, representa a la sociedad civil, coadyuva para garantizar que los procedimientos de la gestión pública se realicen con apego a la legalidad, de ahí que se obligue como requisito de testigo social, su capacitación, a fin de fortalecer el combate a la corrupción.

Desde plataforma digital, y como promovente, la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN) mencionó que la figura de testigo social fortalece todo el sistema de anticorrupción y los esfuerzos de los tres niveles de gobierno, por ello se busca fortalecerla, ya que está acotada a ciertos temas. “Será una herramienta que se verá fortalecida para el combate contra la corrupción, y la democracia se verá fortalecida debido a la participación ciudadana en todas las actividades de gobierno”. 

La diputada Amalia Dolores García Medina (MC) consideró importante la reforma por la participación de la sociedad civil, dado que los testigos sociales tienen el mérito de no estar vinculados al poder público, y con el dictamen deberán ser personas que acrediten capacidad en la materia y no haber sido personas sancionadas administrativamente como servidores públicos. 

Previamente, las y los integrantes de la Comisión aprobaron con 25 votos a favor, su opinión respecto de la tercera entrega de Informes Individuales de la Auditoría Superior de la Federación y el Informe General Ejecutivo del Resultado de Fiscalización Superior, ambas de la Cuenta Pública 2022.