CDMX.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha determinado que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) está obligada a buscar y revelar los informes presentados por la Presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.

Cabe precisar que esta resolución se fundamenta en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y resalta la importancia de acceder a documentos clave para esclarecer los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014.

La Comisionada, Norma Julieta del Río Venegas detalló que la solicitud se centra en obtener los informes presentados en agosto de 2022 y septiembre de 2023, junto con sus anexos y cualquier documento de soporte utilizado para su elaboración, como videos, entrevistas, mensajes, comunicaciones telefónicas, entre otros.

Además, resalta que, al presentar el proyecto de resolución ante el Pleno del INAI, destacó la relevancia de estos informes para cumplir con el compromiso de esclarecer los hechos y reparar el daño a los afectados.

Del Río Venegas subrayó que el reclamo social por conocer la verdad persiste, y que la apertura de información relacionada con el caso Ayotzinapa es fundamental.

Además, hizo hincapié en que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal debe cumplir con la resolución del INAI y proporcionar la información solicitada.

En este sentido, resaltó el papel del INAI en abrir información de máximo interés para la sociedad y la necesidad de que la Consejería Jurídica atienda esta instrucción.

Ante la negativa inicial de la Consejería Jurídica de proporcionar la información solicitada, basada en la inexistencia de registros o constancias, el solicitante presentó un recurso de revisión ante el INAI.

Alegó que la dependencia no había realizado una búsqueda exhaustiva en otras áreas competentes ni en los archivos de la Presidencia de la República.

La Consejería Jurídica mantuvo su postura original, argumentando que no tenía acceso a los archivos presidenciales por tratarse de un sujeto obligado diferente.

Sin embargo, la ponencia de la Comisionada Del Río Venegas determinó que la Consejería Jurídica no había cumplido con el procedimiento de búsqueda establecido en la ley.

Aunque la dependencia no es la responsable de emitir los informes, debido a su participación en juicios de amparo y denuncias relacionadas con el caso Ayotzinapa, se considera que puede tener acceso a la información solicitada.

Por lo tanto, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la Consejería Jurídica y le instruyó realizar una nueva búsqueda en todas sus unidades administrativas competentes.

Por lo que, esta decisión refuerza la importancia del acceso a la información en casos de interés público como el de Ayotzinapa y garantiza el cumplimiento de la ley en materia de transparencia y acceso a la información gubernamental.