Ciudad de México. - La senadora María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó un punto de acuerdo con el fin de contar con políticas públicas y programas integrales para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, las cuales respeten los derechos humanos de los pacientes y de las familias.

Para ello, la legisladora exhortó a los titulares de la Secretaría de Salud, de la Procuraduría Federal del Consumidor y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a que, con base en la Ley General de Salud, actualicen la NOM-028-SSA2-2009 sobre la prevención, tratamiento y control de las adicciones.

Además, solicitó a los gobiernos locales que busquen los mecanismos que permitan contar con una unidad de atención de salud mental que atienda los problemas de adicciones en un primer nivel.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, destacó la senadora en el documento, la prevención se trata de medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida.

Desde esta perspectiva, indica la propuesta enlistada en la Gaceta Parlamentaria del 12 de marzo y turnada a la Comisión de Salud, la prevención se entiende como todos los programas que, con base a la evidencia científica, pretenden reducir el consumo de sustancias, retrasar la edad del primer consumo, así como evitar o reducir los daños personales o sociales producidos por su uso.

En la esfera normativa, estos programas se apoyan en instrumentos como la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, que consideran las mejores intervenciones de acuerdo con el nivel de prevención, el riesgo, el contexto de aplicación y la etapa de desarrollo de la población objetivo.

Sin embargo, denunció la senadora Cárdenas Mariscal, estos programas presentan deficiencias a nivel federal y estatal, como la falta de recursos materiales, ausencia de recurso humano especializado, la falta de observancia estricta de los parámetros de operación, entre otros.

Adicionalmente, subrayó, la visión gubernamental de la problemática de drogas se ha transformado de una política de represión a una política con perspectiva de salud y derechos humanos, cambio fundamental que debe plasmarse en la actualización de la NOM-028-SSA2-2009.