Ciudad Victoria, Tamaulipas. - En sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se avaló que las Legislaturas Locales sean las encargadas de resolver si continuará un proceso de desafuero contra algún servidor público del Estado por delitos federales.

Durante la sesión de este martes, el pleno validó con ocho votos una reforma a la Constitución de Tamaulipas que fue impugnada a través de la acción de inconstitucionalidad 112/2021.

El proyecto para validar esta modificación a la Constitución local fue presentado por la magistrada Margarita Ríos Farjat, quien destacó previamente invalidar la reforma al artículo 84 de la Constitución de Tamaulipas y al 44 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos estatal.

Sostuvo que esta decisión considera a los funcionarios de Tamaulipas en general.

“Aclaro que este asunto no trata como se ha pretendido en desinformación de ningún funcionario en particular ni de su fuero o inmunidad”.

Y precisó que, si bien la decisión final es del órgano legislativo de la entidad federativa, ello no significa que la comunicación enviada por la Cámara de Diputados deba hacerse a un lado sin más.

“Todas las autoridades del Estado mexicano han de compartir el mecanismo de que la inmunidad temporal no es sinónimo de impunidad” reiteró.

Ríos Farjat, refirió que el artículo 111 de la Constitución federal establece que, en primera instancia, la Cámara de Diputados determina la procedencia de un desafuero para que los congresos locales determinen si se continuará el proceso.

Y precisó que en el artículo 111 se establece que “los estados procedan como corresponda —en caso de desafuero—, no hay mandato expreso de sólo acatar”.

En marzo del 2021, la Cámara de Diputados notificó al entonces mandatario panista, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sobre el comienzo de su proceso de desafuero. 

García Cabeza de Vaca fue imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.