Ciudad de México. - Durante la conferencia matutina encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, detalló las tres reformas en materia de austeridad y remuneraciones, las cuales forman parte del paquete de iniciativas presentadas el pasado 5 de febrero y que hoy se discuten en el Congreso de la Unión.

AUSTERIDAD REPUBLICANA

Busca establecer el principio de austeridad republicana en el artículo 134 constitucional, a efecto de que los recursos públicos se administren y ejerzan responsablemente.

Asimismo, facultar al Congreso de la Unión para que pueda expedir una ley general que sea obligatoria para todos los poderes, órdenes de gobierno y autoridades del Estado mexicano, sin excepción.

También prohibir la adquisición de bienes o servicios que no sean indispensables para las funciones propias del servicio público, y tampoco permitir los esquemas privados de jubilación, pensión y retiro, así como seguros de separación, de gastos médicos mayores, de vida, cajas de ahorro o cualquier tipo de privilegio que sea pagado con recursos públicos.

Lo anterior, porque a pesar de que en 2019 se aprobó la Ley Federal de Austeridad Republicana que ha permitido liberar fondos al acabar con privilegios y gastos superfluos, todavía existen autoridades se resisten a aplicar estos principios, escudándose en la división de poderes, autonomía constitucional o soberanía de los estados.

REMUNERACIONES DEL PERSONAL SERVIDOR PÚBLICO

La secretaria de Gobernación señaló que, sin bien desde 2019, el artículo 127 constitucional establece que ninguna persona servidora pública puede ganar más que el presidente de la República, la realidad es que hay quienes ganan más.

Entre ellos, dos mil 560 del orden federal que violan este principio constitucional, dos mil 377 pertenecen al Poder Judicial de la Federación (PJF) y 182 pertenecen a cuatro órganos autónomos.

El excedente de las remuneraciones inconstitucionales supera dos mil 264 millones de pesos (mdp), de los cuales, 97 millones 118 mil 124 corresponden a los cuatro órganos autónomos, y el resto al PJF.

De ahí que la propuesta sea que en la Constitución se establezca que ninguna persona servidora pública pueda ganar más que el presidente, cuya remuneración no superará 73 veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La propuesta de reforma plantea que los ahorros se destinen al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

ELIMINACIÓN DE ÓRGANOS CON FUNCIONES DUPLICADAS

En las últimas décadas se han creado órganos constitucionales autónomos con funciones que antes recaían en las secretarías de Estado, mismas que ya existían o que formaban parte de la administración pública federal.

La creación de estos órganos ha significado mayor gasto y duplicidad de funciones, debilitando la rectoría del propio Estado.

Para resolver esa duplicidad, la propuesta plantea la desaparición de los siguientes órganos autónomos o reguladores: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); Comisión Reguladora de Energía (CRE); Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); y Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

También se dispone que las funciones regresen a las dependencias donde correspondan; igualmente, desaparecer 17 organismos descentralizados y desconcentrados para que formen parte de las dependencias hoy responsables.

Se establece que dicha eliminación se realice conforme a los derechos de las y los trabajadores y que el ahorro que resulte de la desaparición de los organismos mencionados también forme parte del fondo para pensiones.

No se trata de ahorrar por ahorrar, sino de tener más recursos para invertirlos en el desarrollo y el bienestar del pueblo de México, concluyó Alcalde Luján.