Ciudad Victoria, Tamaulipas. - El secretario de Administración en el gobierno de Tamaulipas Jesús Lavín Verástegui, precisó que por lo menos 42 vehículos “oficiales” se están analizando para verificar la procedencia de considerarlos chatarra, toda vez que reiteró que durante la pasada administración se vendieron autos en buen estado a precios de chatarra, cuando la realidad no fue así.

“Entonces estamos viendo hasta la factibilidad que una parte no se considere chatarra y otra sí, pero lo que va a ser chatarra va a ser chatarra, porque el problema con que nos enfrentamos en la ocasión pasada y que declaré, en tiempos pasados se vendieron vehículos como chatarra y resulta que después de que algunos compraron esa presunta chatarra fueron a pedir los documentos al gobierno para sacar placas, tenencia y todo”.

El funcionario estatal, explicó que todas estas unidades que se vendieron como chatarra, fueron adquiridas con recursos federales dentro del esquema cinco al millar, que se trata de presupuesto que llega a un fondo para la compra de unidades por la Contraloría, para vigilar la ejecución de las obras.

“Primero vamos a regularizar lo del 5 al millar para ver cómo se venden estos carros, son recursos que tiene IPSSET, para donde la federación le pide que le fiscalice la obra pública que es con recursos federales y esos están en proceso porque ya están en muy mal estado, no van a ser de gran utilidad, sin embargo, todavía se está haciendo el análisis, son alrededor de 42 vehículos.”

Lo que reconoció Lavín Verástegui, es que estas ventas se hicieron de manera irregular, pues los vehículos se vendieron en condiciones de chatarra a precios de remate, a una empresa que posteriormente los vendió a particulares.

Insistió que, ahora resulta que después algunos que compraron esa supuesta chatarra, fueron al gobierno a pedir documentos para sacar placas y tenencia.

Afirmó que se trata de ventas irregulares de los vehículos propiedad del Estado, lo que facilitó la venta de los autos, y que debió pasar por la aprobación del Congreso de Tamaulipas, la baja de las unidades para venderse a empresas particulares.