Ciudad de México. - La Secretaría de Marina a través de la Armada de México, en funciones de Guardia Costera, informa que, en días pasados, personal de la Décima Octava Zona Naval, logró el aseguramiento de 672.85 (seiscientos setenta y dos, punto ochenta y cinco) kilogramos de clorhidrato de cocaína.

También fueron asegurados una embarcación menor con dos motores fuera de borda y 29 bidones que contenían 1,219.32 (mil doscientos diecinueve punto treinta y dos) litros de combustible; asimismo, se detuvieron a seis presuntos transgresores de la ley, a aproximadamente 73 millas náuticas (135.196 kilómetros) al sureste del puerto de Santa Cruz Huatulco, Oaxaca.

Cabe destacar, que lo anterior, se derivó de trabajos de campo y gabinete, por los cuales, se tuvo conocimiento de un probable trasiego de cargamento ilícito.

Por lo anterior, se ordenó el despliegue inmediato de personal naval, así como aeronaves y embarcaciones de la Armada de México, mismas que avistaron una embarcación con seis tripulantes, quienes, al percatarse de la presencia de personal naval, emprendieron la huida.

Bajo este contexto, elementos de esta Institución, emprendieron acciones para lograr su captura; una vez asegurada la embarcación y habiendo sido detenidos los presuntos transgresores de la ley, a quienes se les respetó su integridad en estricto apego a los Derechos Humanos, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, así como la droga asegurada, para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Es importante mencionar que lo anterior se llevó a cabo con base en el Protocolo de Actuación del Personal Naval en funciones de Guardia Costera, publicado en el Diario Oficial el 06 de abril del 2018, donde se atribuye la participación del personal de la Secretaría Marina-Armada de México en el desempeño de sus funciones, actuando de manera coordinada con unidades aéreas, terrestres y de superficie, así como con las autoridades competentes.

De esta manera, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México contribuye a debilitar la producción y distribución de drogas, por los grupos delictivos que operan en las diferentes regiones del país, sumando esfuerzos para evitar que estas sustancias ilícitas perjudiquen la salud de la población mexicana.