La apertura democrática aquí en México no se dio en agosto de 1990 --con la expedición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE)--, como erróneamente lo han divulgado consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) --otrora IFE--, sino durante el sexenio de José López Portillo, al ser creada la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE) –cuya  autoría se atribuye a Jesús Reyes Heroles--, que otorgó legalidad a las fuerzas políticas otrora proscritas.

Hacia la segunda mitad de la década de los setentas, el mosaico político sólo contemplaba con registro oficial a los partidos Acción Nacional (PAN), Popular Socialista (PPS), Comunista Mexicano (PCM), Socialista de los Trabajadores (PST) y Revolucionario Institucional (PRI).

Pero con la LOPPE otras expresiones alcanzaron el grado de partidos nacionales como el Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Mexicano de los Trabajadores (PMT), al igual que en su oportunidad lo hiciera el Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM).

El reconocimiento oficial a esos membretes, por cierto, mereció la anuencia gubernamental sin ningún problema. Y es que desde mucho antes de ser creada la Comisión Federal Electoral (1973) –que en poco o nada participó en la redacción de la ley en la materia--, áreas específicas de la Secretaría de Gobernación y la Presidencia de la República se manejaban a su libre arbitrio –por ser las responsables de los procesos comiciales--, otorgándoles registros a las organizaciones afines a ellas pese a que éstas, regularmente, no cubrían los requisitos mínimos exigidos por la misma autoridad gubernamental; y al mismo tiempo ponían trabas a los grupos que consideraban peligrosos.

Es decir, se daba una auténtica simulación democrática, pues en realidad los partidos tenían que mantenerse sujetos a la supervisión gubernamental, que concedía y cancelaba proyectos basado en la conveniencia del sistema.

Ese rosario de membretes sirvió de válvula de escape a miles de mexicanos que empezaban a sufrir el hartazgo y la imposición de un solo partido, ‘el oficial’ --ostentaba el orgullo de ser heredero de la Revolución Mexicana--, aún con toda la manipulación y el control ejercido desde los altos mandos de la estructura gubernamental.

La también llamada ‘primavera política’ --hay teóricos y analistas que insten en citarla así--, que trajo la LOPPE, propició que muchos rebeldes que optaron por la vía armada a fin de modificar el ‘status Quo’, una vez aminorada la represión, pidieran su incorporación a los partidos afines a la ideología que profesaban, además de ser absueltos por los delitos cometidos durante el tiempo de su asonada.

Ello acabó con la distensión del ambiente que privó a lo largo de casi dos décadas en el país, abriendo la posibilidad de que todos los partidos tomaran parte en los procesos electorales y se disputaran el poder, aun cuando existieran condiciones limitadas para ello, merced al minucioso control político gubernamental.

Algunos dirigentes de izquierda y derecha coincidieron en señalar que con esa apertura las autoridades pretendían redimir pecados, pero de ninguna manera buscaban compartir en condiciones de equidad y menos abandonar el poder vía las urnas.

De esta forma, los más difíciles conflictos electorales se resolvieron en las oficinas de Gobernación y no en las urnas, como se supone debería ser; y los problemas registrados en los procesos del 2000, 2006 y 20012 tocó sancionarlos al Instituto Federal Electoral (IFE), que tampoco cantaba mal las rancheras en eso del autoritarismo y la parcialidad.

No obstante, la aceptación de los partidos bajo el amparo de la ley, el establecimiento de nuevas reglas de participación política y la (cuestionable) autonomía que hoy distingue a los órganos electorales, hay avance democrático.

Pero quizá sólo en la letra, pues en la práctica la legislación vigente mantiene prácticamente amordazada toda expresión político-partidista que no comulgue con el inquilino de Palacio Nacional.

Y eso que ya suman siete los membretes: PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, Movimiento Regeneración Nacional (morena) y Movimiento Ciudadano (MC).

Elección de Estado

Un comentario harto socorrido en las contiendas políticas más recientes, sobre todo en las de nivel federal, subraya la existencia de una elección de Estado.

Pero más que eso, lo que se quiere denunciar es una serie de problemas que impiden a las instituciones electorales cumplir a cabalidad su encomienda, o bien desacreditar su participación en las justas electorales por el costumbrismo de pescar a río revuelto.

Leamos algunos motivos que alientan la hipótesis:

1) Existe la presunción de que los organismos electorales no actúan de manera imparcial y que inclinan su preferencia hacia un segmento de los contendientes, generalmente hacia el membrete en el poder;

2) Subyace la idea de que los órganos electorales que se dicen imparciales son una prolongación del gobierno federal, y que por lo tanto defienden a ultranza los intereses que representan; y

3) Se presume que la nueva ley y las modificaciones que se llevan a cabo en materia electoral, tienen por finalidad mejorar y transparentar los procesos electorales, pero los opositores al régimen cuestionan en forma permanente esta circunstancia, ya que afirman que ello se realiza en aras de favorecer al partido que detenta el poder.

Lo señalado, repito, es parte de los que algunos políticos manejan como una elección de Estado, misma que aparte de lo anterior consiste en utilizar la fuerza del Gobierno Federal y sus recursos a favor de un partido determinado.

Correo: jusam_gg@hotmail.com

Juan Sánchez Mendoza

Ha ejercido el periodismo durante más de tres décadas, alcanzado premios estatales en dos ocasiones; autor del libro "68. Tiempo de hablar"(que refiere pormenores del memorable movimiento estudiantil); autor de ensayos literarios; y reportero de investigación de tiempo completo, acá en territorio nacional y más allá de nuestras fronteras y del continente americano.