Ciudad Victoria, Tamaulipas.-Dada la vastedad del patrimonio arqueológico de México, compuesto por vestigios de ciudades antiguas y un sinfín de contextos culturales dejados por nuestros ancestros en cuevas, montañas, tumbas de tiro o cenotes, el tráfico ilícito de estos bienes es una situación presente desde hace siglos; no obstante, los esfuerzos para prevenirlo y actuar ante ello son constantes y crecientes.

Al cumplirse, el 3 de febrero de 2024, 85 años de la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), expertos de esta dependencia, adscrita a la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, reflexionan en torno al rol que la institución ha tenido en la recuperación de piezas arqueológicas expoliadas del territorio nacional.

El subdirector de Registro de Monumentos Arqueológicos Muebles del INAH, Alejandro Bautista Valdespino, destaca que, incluso, desde el inicio de la vida independiente de nuestro país existió preocupación por este tipo de situaciones.

En 1827, durante el gobierno de Guadalupe Victoria, se dictó una primera prohibición dentro de la ley de Aranceles, tocante a la exportación de monumentos y antigüedades mexicanas.

Décadas más tarde, en 1896, se estableció una regulación inicial para las excavaciones arqueológicas; un año después, la legislación federal amplió sus definiciones sobre monumentos arqueológicos y, por primera vez, estableció como delito su destrucción y expolio.

Para Bautista Valdespino, la creación del INAH, en 1939, y la promulgación de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en 1972, significaron dos hitos en la materia. “En 1970, no solo en México sino a nivel mundial, se da una mayor visibilidad a estos casos y se toma conciencia sobre la importancia de que las piezas arqueológicas, históricas o etnográficas, permanezcan y, en su caso, sean exhibidas en sus lugares de origen”.

Nuestro país, agrega el especialista, se ha adherido a instrumentos internacionales, como la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir, la importación, la exportación y la transferencia ilícita de bienes culturales, publicada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en 1970.

A nivel nacional, se ha fortalecido el diálogo del INAH y la Secretaría de Cultura federal con dependencias de ámbitos judiciales, militares, aduaneros o de relaciones exteriores, lo que ha dado pie a grupos de trabajo y comités que sesionan y colaboran con regularidad.

Un eje de acción adicional, señala el investigador del Centro INAH Morelos, Mario Córdova Tello, son las campañas de concientización de los últimos años para informar a las y los ciudadanos mexicanos que pueden volverse custodios de las piezas arqueológicas que lleguen a encontrar, siempre y cuando las registren adecuadamente ante el INAH.

“Mediante estas campañas se disminuye el coleccionismo a partir del saqueo, a la vez que se fomenta la valorización del patrimonio”, indica el arqueólogo, quien participó en una de las más importantes repatriaciones logradas por México en los últimos años, la del Monumento 9 de Chalcatzingo.

Durante 18 años, Córdova Tello reunió información científica que fue clave para brindar seguimiento y lograr la confiscación de dicho relieve olmeca en Estados Unidos, desde donde fue devuelto a nuestro país, en mayo de 2023.

Pese a estos avances, ambos expertos coinciden en la necesidad de fortalecer tales campañas, de modo que la población, especialmente las y los jóvenes, vea al patrimonio cultural como un forjador de identidad y de historia, tanto a nivel comunitario como nacional.

De igual modo, añade Bautista Valdespino, desde el ámbito judicial debe darse mayor atención y seguimiento a formas, relativamente nuevas, en las que ciertos usuarios de internet promueven el saqueo, exhiben y comercializan piezas arqueológicas en redes sociales.

“El combate a estas nuevas modalidades de tráfico de patrimonio debe enfocarse en evitar, a toda costa, que ocurran estos saqueos, los cuales al realizarse en la clandestinidad dañan las piezas y elimina contextos que podrían aportarnos datos relevantes sobre las culturas antiguas de nuestro territorio”, finaliza.