Ciudad Victoria, Tamaulipas. - La contralora Gubernamental Norma Angélica Pedraza Melo, reveló que hasta el momento se han inhabilitado a ocho servidores públicos por incumplimiento en la prestación de su declaración patrimonial.

En rueda de prensa, la funcionaria estatal enfatizó que la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, estipula que los servidores públicos están obligados a presentar declaración patrimonial de inicio, de conclusión y modificatoria durante cada año que se encuentren habilitados en la administración pública.

"Son más de 600 expedientes de investigación administrativa los que se han abierto por este tema, se llevan ocho personas inhabilitadas porque es una obligación cumplir esto, y si hay un incumplimiento implica una sanción".

Explicó que los 82 mil servidores públicos que hay en Tamaulipas están obligados a presentar su declaración patrimonial, y en 2023 se registró un cumplimiento del 60 por ciento, lo que significa una cifra de 50 mil 500, aunque hay estados del país que presentan un 90 por ciento de cumplimiento.

Pedraza Melo, precisó que, dentro de los procedimientos de investigación, hay alrededor de 90 a 100 que ya están en archivo, porque el servidor público cumplió con esta obligación de manera espontánea.

"Hay alrededor de 400 que están activos, alrededor de 50 que están por notificarse la resolución y ocho personas inhabilitadas por este tema", reiteró.

Dijo que el cumplimiento de esta obligación tiene como plazo hasta mayo, y a diferencia del sexenio anterior, se modificará el criterio de quienes tienen que presentar una declaración patrimonial total y quienes una simplificada, el cual ya no será por nivel de ingresos.

Detalló que esta vez de directores de área hacia arriba serán los que presentarán una declaración total, y de ahí para abajo la simplificada, es decir, tentativamente unos 2 mil la primera y unos 80 mil la segunda, adelantó la contralora, al señalar que se migrará del sistema DeclaraTam a DeclaraNet, además de que se está trabajando en resolver las complicaciones técnicas que enfrentaron los servidores públicos el año anterior, como la saturación o caída de la página.