Ciudad de México. - La diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez (PAN) promueve una iniciativa para prohibir la venta y suministro de medicamentos que pongan en riesgo la salud reproductiva de las mujeres, cuyo listado daría a conocer la Secretaría de Salud.

Lo anterior, con base en la propuesta de reforma al artículo 69 y adición del artículo 69 Bis de la Ley General de Salud, en materia de salud reproductiva de las mujeres, que establece que quien infrinja este precepto se hará acreedor a las sanciones contenidas en dicho ordenamiento, independientemente de la responsabilidad penal en que incurran. 

El documento, turnado a la Comisión de Salud, subraya en su exposición de motivos que con la iniciativa busca prevenir que los medicamentos que provoquen daño a la salud reproductiva de las mujeres se encuentren al alcance de cualquier persona, sin la información correspondiente.

Actualmente, agrega, el aborto autoprovocado con medicamentos es accesible y ampliamente usado, pero la información de las mujeres y de los empleados de farmacia y profesionales de la salud es escasa y deficiente, ya que no todos los abortos de ese tipo con misoprostol son completos, y su uso no tiene supervisión de un proveedor bien entrenado.

Con base en ello, se pretende garantizar, respetar y promover la información en materia de salud y la igualdad de género, ya que las mujeres se encuentran en un estado de riesgo real, debido a la omisión del Estado en proporcionar y poner al alcance de la población, información actualizada para proteger sus derechos en salud reproductiva.

En este sentido, aclara que en muchas regiones las mujeres indígenas reciben menos servicios e información sanitarios y de salud reproductiva, por lo que están expuestas a situaciones de violencia física y sexual, y son víctimas de doble discriminación.

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 3.9 millones de adolescentes de 15 a 19 años se someten a abortos inseguros cada año en países en desarrollo, y el 8 por ciento de la mortalidad materna, entre 2003 y 2012, fue atribuido al aborto.

Es por ello que el Estado mexicano no debe ser omiso en las consecuencias que se generan hacia las mujeres y las adolescentes, toda vez que el desconocimiento y la falta de regulación no tiene que ser factores que restrinjan la salud reproductiva de las mujeres, enfatiza.