Ciudad Victoria, Tamaulipas. - Luego de un año de ejercicio gubernamental, la contralora estatal Angélica Pedraza Melo reveló que cuenta con aproximadamente mil expedientes por presunta responsabilidad administrativa, y de entre ellos un alto porcentaje corresponde a procesos iniciados contra servidores públicos que incumplieron con la declaración patrimonial en los períodos correspondientes.

Informó que con base en el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades del Estado de Tamaulipas, se establece que serán sujetos obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses ante la Contraloría, o su respectivo Órgano Interno de Control, todos los servidores públicos que formen parte de la administración.

Este procedimiento establece por ley, un sistema que cotejaría los bienes que tenían los funcionarios al inicio del actual gobierno en octubre del 2022, con su última declaración patrimonial de este mismo año.

Por tanto, para el presente año, apenas iniciado, Pedraza Melo enfatizó que intensificará el trabajo a fin de alcanzar a 80 mil servidores públicos para que cumplan con su obligación.

“A la llegada de la presente administración estatal encontramos que sólo treinta mil personas servidoras públicas presentaban su declaración patrimonial, un alto porcentaje de los que no cumplieron, forman parte de los expedientes de presunta responsabilidad administrativa iniciados”, refirió.

Dijo que, “en el 2023 se incrementó la participación un sesenta por ciento, logrando que 50 mil personas cumplieran con esta obligación, por ello buscaremos que para el 2024, el porcentaje de servidores públicos que cumplan con esta obligación sea mayor”, puntualizó la funcionaria estatal.