Ciudad Victoria, Tamaulipas. - Los municipios que conforman la zona conurbada de Tamaulipas registran el mayor número de deudores alimentarios, al concentrar tres mil 775 expedientes en materia civil y penal que se desahogan en juzgados de lo familiar y unidades investigadoras de la Fiscalía de Justicia del Estado y, donde se obliga a padres omisos de Tampico, Madero y Altamira a cumplir la obligación de proporcionar alimentos a sus hijos.

Según la Fiscalía General de Justicia (FGJ) en Tamaulipas, existen 275 carpetas de investigación donde se solicita cárcel a 133 padres desobligados en Altamira, 87 en Tampico y 55 en Ciudad Madero, por no cumplir las obligaciones alimenticias.

En su mayoría son casos que se llevan en los siete juzgados de lo Familiar que dan servicio en la zona conurbada, y donde se calcula se atienden actualmente al menos 3 mil 500 asuntos en ese ámbito civil, el 30 por ciento de los asuntos tramitados.

Por lo que respecta a las demandas penales, donde se pide cárcel por el delito de abandono de obligaciones alimenticias, hay 275 carpetas de investigación en la mesa del Ministerio Público, de las que Altamira tiene el mayor número con 133, seguida por Tampico con 87 y Ciudad Madero con 55.

Cabe señalar que el Sistema Nacional DIF tendrá a su cargo la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, y contará con un plazo de 300 días hábiles para su implementación, los cuales se cumplen el 2 de marzo del presente año.

Los Tribunales Superiores de las entidades federativas y de la Ciudad de México suministrarán, sistematizarán y actualizarán la información que se genere sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias para integrarse al Registro Nacional, y la actualización de su información deberá ser cada mes.

Tamaulipas aprobó su propio Registro de Deudores Alimentarios a cargo de la Coordinación General del Registro Civil en el Estado, pero hasta ahora tampoco es público.

Según el artículo 295 del Código Penal de Tamaulipas, comete el ilícito quien sin motivo justificado deja de proporcionar a sus hijos, cónyuge o concubina, los medios económicos o recursos necesarios para atender las necesidades de subsistencia.

Al responsable del delito de abandono de obligaciones alimenticias se le impondrá una sanción de uno a seis años de prisión, privación de derechos relativos a la familia, y tendrá que entregar las cantidades que no fueron oportunamente suministradas.

El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias emitirá certificados de no inscripción. Para ello se dispondrá de un sitio web, en el cual se genere automáticamente el certificado de forma gratuita.

Esto es importante porque las autoridades municipales, estatales y federales podrán exigir como requisito la presentación del certificado de no inscripción para los siguientes trámites: Obtención de licencias y permisos para conducir; de pasaporte o documento de identidad; para participar como candidato a cargo de elección popular o aspirante a cargos de jueces o magistrados en el ámbito local o federal.