Ciudad Victoria, Tamaulipas. - El representante legal de la Organización Nacional para la Protección del Patrimonio Familiar (Onappafa), Jesús Manuel Zúñiga Maldonado, solicitó al gobierno de Tamaulipas no proceder al decomiso de las unidades que no fueron legalizadas, considerando que “estamos a días de que finalice el plazo para la regularización de los vehículos usados de procedencia extranjera que circulan por el Estado.”

Y es que, de acuerdo al decreto, el vencimiento del plazo para regularizar es el 31 del presente mes, gracias a esa extensión se ha podido dar certeza jurídica y protección al patrimonio de miles y miles de familias y a menos de una semana no se sabe si por enésima ocasión se ampliará el Decreto.

Zúñiga Maldonado aceptó que el gobierno del Estado tiene la facultad legal para decomisar y/o multar a los vehículos de procedencia extranjera que no se hayan acogido al beneficio de la regularización, tal como lo establece el artículo 103 del Código Fiscal, sin embargo, dijo que esa acción representaría un duro golpe económico para los dueños de esas unidades que por diferentes razones no pudieron regularizarlas.

“No podemos permitir que los decomisen o que los multen por tener un vehículo de procedencia extrajera, de acuerdo al artículo 103 del Código Fiscal que les hagan un proceso, porque el proceso va a tener consecuencias, entonces prácticamente creo que vamos a entrar en otro diálogo con gobierno del Estado y con gobierno federal, y que esto va a continuar el tema para ver que se puede hacer y que podemos hacer como organización”.

Indicó que como organización están buscando alternativas de solución a esta problemática y en ese sentido no se descarta promover un amparo colectivo para proteger a esos vehículos extranjeros que después del 31 de diciembre podrían ser sujetos al decomiso.

“No queremos decomiso, no compartimos la idea de que se diera un decomiso porque afectaría enormemente a las familias es parte de su patrimonio lo hemos mencionado desde hace mucho tiempo y lo que tenemos que buscar como organización es buscar alternativas de solución y mientras tanto buscar amparo colectivo para todas las unidades que quedan desprotegidas por el decreto de regularización”, precisó Zúñiga Maldonado.