Nuevo Laredo, Tamaulipas. — La justicia militar dejó en libertad a 10 de los 16 militares que fueron detenidos en junio pasado por su presunta participación en la ejecución extrajudicial de cinco civiles en Nuevo Laredo, tras considerar que no se les podía imputar el delito de desobediencia.

Según la sentencia, los militares actuaron en legítima defensa al repeler una agresión de presuntos delincuentes, y no se pudo comprobar que recibieran la orden de no perseguir ni enfrentar a los sospechosos.

El fallo se basó en la ausencia de testimonio del comandante del Batallón de Infantería que participó en los hechos, quien no se presentó a declarar ante el Juez Primero de Control de la Primera Región Militar, con sede en la Ciudad de México.

Los otros seis militares, entre ellos un teniente, permanecen en prisión, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) les acusa de homicidio calificado y ejercicio ilícito del servicio público, por su supuesta responsabilidad en la muerte de los cinco civiles.

El caso se hizo público en mayo, cuando medios internacionales difundieron un video que muestra cómo los efectivos castrenses someten a los civiles, los privan de la vida con disparos de arma de fuego y después alteran la escena de los hechos.

La Fiscalía General de Justicia Militar inició una investigación y detuvo a los 16 militares, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) afirmó que colaboraba con la FGR para determinar las responsabilidades correspondientes en el orden federal.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Sedena y a la FGR por violaciones graves a los derechos humanos a la vida, a la seguridad jurídica e integridad personal, en agravio de las cinco víctimas, identificadas como José Ángel Moreno Pool, Édgar Chavarría Rico, Jorge Antonio Colector Pineda, José Isabel Rivera Vega y Clinton Alex Blucha Pérez.

El organismo señaló que elementos del Ejército Mexicano reportaron que cinco civiles armados murieron en un enfrentamiento. Sin embargo, en un video se mostró otra sucesión de hechos, por lo que inició la queja de oficio con el objetivo de indagar sobre las posibles violaciones a los derechos humanos cometidas por el personal del Quinto Batallón de las Fuerzas Especiales.