Ciudad de México.- Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han sentado bases firmes para la transformación del sistema agroalimentario y nutricional de México, y es fundamental profundizar los cambios en lo que resta del sexenio y en el siguiente gobierno de la Cuarta Transformación, afirmó el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Suárez Carrera.

Al encabezar la conferencia 54 del ciclo Autosuficiencia Alimentaria, consideró como retos elevar a rango de política de Estado los programas y acciones a favor de la autosuficiencia alimentaria con transición agroecológica.

Asimismo, elevar a rango constitucional la protección de los maíces nativos y otros alimentos de los que México es centro de origen y diversificación, el mandato para la producción de alimentos saludables sin transgénicos ni plaguicidas altamente peligrosos (PAPS) y los programas Sembrando Vida y Producción para el Bienestar, refirió Suárez Carrera.

Llamó a la Cámara de Diputados a la aprobación de la minuta de Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible (LGAAS), validada ya por el Senado de la República.

De igual manera, se pronunció por la aprobación de la Ley General de Aguas, implicando en ello un programa de largo plazo para la ampliación y tecnificación de las áreas de riego en el sur-sureste.

Destacó que la profundización de los cambios depende de contar con un Estado fuerte y en alianza con movimiento sociales bien articulados.

En la conferencia, denominada “Transformando el sistema agroalimentario y nutricional de México. A cinco años de gobierno: avances y pendientes”, el subsecretario manifestó que en el marco de esta transformación el Gobierno de México ha venido operando un conjunto de programas públicos para el campo, con apoyos directos sin intermediarios, y el objetivo central de lograr la autosuficiencia alimentaria, con transición agroecológica, con las dimensiones de salud y sustentabilidad.

Esos programas, dijo, aplican al cien por ciento sobre productores de pequeña y mediana escala, sobre quienes había antes el estigma de ser improductivos, cuando en realidad son los principales oferentes de los alimentos en los mercados nacionales.

De cinco millones de unidades productivas con actividad agropecuaria o forestal en el país el 93 por ciento tienen menos de 20 hectáreas y aportan el 54 por ciento de la producción nacional y 85 por ciento del empleo rural, señaló.

Destacó que los programas Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, Fertilizantes para el Bienestar, Precios de Garantía y Bienpesca, contarán en 2024 con un presupuesto de 54 mil 396 millones de pesos, esto es, 267 por ciento más en términos nominales que en 2019.

Señaló que cada una de las transformaciones que se han hecho en el sistema agroalimentario, desde diversas dependencias del gobierno, han significado una lucha y la articulación de capacidades para vencer resistencias, y es vital defender los derechos vinculados a la salud, a un ambiente sano, a la alimentación saludable y a la información de calidad para el consumidor.

La conferencia fue organizada conjuntamente con el Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública (CINyS-INSP).

RECUENTO DE LOGROS; EL ETIQUETADO, FACTOR CLAVE

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Ruy López Ridaura, destacó que desde el periodo de transición hacia el gobierno de la Cuarta Transformación, diversos servidores públicos y representantes sociales conformaron el Grupo Intersectorial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (GISAMAC), desde el cual se ha impulsado la transición del sistema agroalimentario y nutricional.

Destacó que entre los avances están el etiquetado frontal de advertencia para alimentos ultraprocesados, que opera desde octubre de 2020; el Decreto presidencial sobre glifosato y maíz genéticamente modificado, y la reciente aprobación de la modificación a la Ley General de Educación, respecto a entornos escolares saludables.

También, abundó, la publicación de las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles para la Población; la asignatura de vida saludable en el plan curricular de educación básica y secundaria, y la articulación multisectorial en programas de producción del campo, fundamentalmente Sembrando Vida y Producción para el Bienestar.

Además, resaltó la minuta de ley de la LGAAS, la cual espera sólo la votación de la Cámara de Diputados, y cuando se apruebe el GISAMAC quedará formalmente establecido como Sistema Intersectorial Nacional de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (SINSAMAC),. La dirección del SINSAMAC estará a cargo de la Secretaría de Salud y la base del Sistema será la participación social por medio de comités de alimentación.

El director del CINyS-INSP, Simón Barquera Cervera, habló del etiquetado frontal en alimentos ultraprocesados.

Consideró que este no gusta a agroindustriales promotores de estos productos y hay estrategias desplegadas por ellos y por los centros comerciales para ocultar y desacreditar las etiquetas o para minimizar su importancia.

Sin embargo, el etiquetado es altamente utilizado por las familias, pues permite ver lo dañino para la salud que pueden ser los productos con alto grado de procesamiento. El etiquetado es de fácil comprensión y mientras más sellos tienen un producto es más nocivo. Por ejemplo, los refrescos, que tienen gran cantidad de sellos y son NO recomendables para las y los niños, contribuyen anualmente a 40 mil muertes en México.

Afirmó que el etiquetado frontal ha propiciado la reformulación masiva de productos con reducción de ingredientes nocivos.

La investigadora del INSP, Arantxa Colchero, habló de las medidas impositivas para encarecer los alimentos nocivos.

Sostuvo que más de 60 países aplican impuestos a refrescos, entre ellos México, con efectos de encarecimiento del producto y también reducción de su consumo (15 por ciento en promedio).

En nuestro país, añadió, se requiere actualizar estos gravámenes, considerando el contenido de azúcares, bajo el criterio de a mayor cantidad de azúcar, más impuesto.

Se ha comprobado que estas medidas permiten que la población más pobre y los grandes consumidores (probablemente afectados por enfermedades asociadas a la ingesta excesiva de calorías y azúcares) reducen su compra y consumo, lo que mejora su condición de salud, expresó.

Afirmó que los impuestos no afectan el empleo, pues las empresas que los producen venden también agua embotellada y además la mayor recaudación impositiva crea empleos.

AVANCES LEGISLATIVOS

El diputado federal Armando Contreras Castillo, promotor de la modificación recién aprobada de la Ley General de Educación para garantizar entornos escolares saludables, habló de la importancia de generar sólidamente estos entornos.

Destacó que la aprobación de los cambios legislativos tuvo amplio consenso entre los legisladores y apoyo de instancia como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), de las secretarías de Educación y Salud e incluso de la industria, pues los datos que existen sobre la situación de salud de la infancia son graves.

También, dijo, el 98 por ciento de las escuelas venden comida chatarra, ultraprocesada y eso habrá de cambiar con los cambios legislativos.

Afirmó que cada hora en México mueren 27 personas por razones relacionadas con la obesidad, que nuestro país ocupa primeros lugares en obesidad infantil y uno de cada dos niños nacidos en 2010 está destinado a padecer diabetes.

En la conferencia también participaron el director de la asociación civil El Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo Unna, y el médico anatomopatólogo Julio Jesús Ceballos Zapata, quienes dieron recomendaciones para seguir transformando el sistema agroalimentario y nutricional, vía mandatos gubernamentales, educación y conciencia de la sociedad.