Ciudad Victoria, Tamaulipas. - La contralora gubernamental del Estado de Tamaulipas, Norma Angélica Pedraza Melo, informó que la Auditoría Superior de la Federación, realizó diversas observaciones sobre 139 millones de pesos sobre el ejercicio fiscal 2022; nueve meses del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y tres meses del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Precisó que hay una observación de 74 millones en la Secretaría de Bienestar en el programa de Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), mientras que 60 millones de pesos en la secretaría de Salud y cinco millones a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Explicó que en la Secretaría de Bienestar (SEBIEN) la observación tiene que ver en la aplicación de dichos recursos, lo cual no se documentó como se establece, en lo que se refiere la Fiscalía General de Justicia es por el uso de vehículos y en Salud por la compra de medicamentos.

“En el área de la Fiscalía es por un cambio que se hizo de los vehículos el tema se conoce como balizamiento; quitaron la imagen institucional y se dejó la observación porque se debía fundar el cambió de la imagen institucional, no proporcionaron la información. En el caso de SEBIEN los 74 millones si es un pliego de observación y se estima una falta grave”, señaló.

Informó que la observación de 60 millones de pesos de recursos en la Secretaría de Salud, se ha clasificado como una falta grave, lo que implicaría una denuncia ante la Fiscalía General de la República.

“Es por un contrato de medicamentos, en donde el proveedor no tenía la capacidad o la experiencia técnica para proporcionar el producto y el servicio es una observación de la administración anterior”, comentó.

Precisó que en este proceso a la Contraloría le compete la investigación administrativa y de acuerdo a la ley sólo sanciona las faltas no graves, las faltas graves las sanciona el Tribunal de Justicia Administrativa, las cuales serían peculado, desvío de recursos, observación cuantificada, es decir que hay recursos que no se justifican.

“Entonces la contraloría trabaja la autoridad investigadora, la sustanciadora y luego lo turba al tribunal de Justicia Administrativa y haya va quedar en su momento el emitir una resolución de sanción, si no es grave nos corresponde a nosotros y son sanciones desde una amonestación privada, o pública, destitución suspensión o inhabilitación de tres meses a un año”, concluyó.