Ciudad de México.-Durante su participación en la inauguración del “Foro Internacional: Estado de Derecho, Justicia Abierta y Elecciones”, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, señaló que la democracia es un bien colectivo y un patrimonio de todas y todos los ciudadanos, por lo cual, subrayó, es imperativo invertir en las instituciones electorales.  

Ante académicos y expertos en justicia abierta, el magistrado presidente Reyes Rodríguez destacó que la ciudadanía no permite dar ni un paso atrás en el papel que debe jugar el Tribunal Electoral, ya que es clave para proteger sus derechos político-electorales, los cuales se exigen legítimamente como derechos humanos. Por ello, es indispensable construir, fortalecer y financiar a las instituciones electorales garantes de las libertades políticas y los derechos electorales. 

Hoy, las y los legisladores en la Cámara de Diputadas y Diputados tienen la delicada responsabilidad de garantizar que las instituciones democráticas, en particular el TEPJF, cuenten con los medios para cumplir con sus tareas constitucionales y legales, y estén a la altura de las expectativas que ha puesto en esta institución el pueblo de México, afirmó el magistrado presidente. 

Ante una posible reducción de 767 millones de pesos al presupuesto del Tribunal Electoral que, dijo, lo dejaría con un monto insuficiente para enfrentar las cargas de trabajo del proceso electoral concurrente 2024, el magistrado presidente afirmó estar convencido de que las y los legisladores serán sensibles al hecho de que 2024 es un año electoral y requiere de exigencias adicionales. 

Asimismo, agradeció a las Comisiones de Justicia y de Presupuesto de la Cámara baja sostener un diálogo para responder a sus inquietudes, así como a los medios de comunicación para explicar ampliamente y con transparencia el proyecto de presupuesto del TEPJF y su relevancia. En el marco de la democracia pocos procesos son tan relevantes como las elecciones, las cuales permiten que sea la ciudadanía la que defina quién debe gobernar y el rumbo que se debe seguir, concluyó. 

Reconoció, en toda su magnitud, la labor que en esta tarea han realizado las legisladoras y los legisladores participantes en el estudio y dictaminación del presupuesto del Tribunal Electoral y confió, en este sentido, en las expresiones de las fuerzas políticas y legisladores que han reconocido y anticipado que el proyecto de dictamen para el Tribunal Electoral será revisado en el pleno de la Cámara de Diputadas y Diputados.  

Al tomar la palabra, la directora del IIJ de la UNAM, Mónica González Contró, dijo que los tiempos actuales requieren de diálogo y deliberación, a fin de acercar posturas y llegar a acuerdos para respetar la voluntad de las mayorías, pero también los derechos de las minorías. Subrayó que es necesario proteger y consolidar a las instituciones a través del Estado de derecho. Enfatizó la importancia de depositar en la transición hacia la democracia electoral la esperanza de un país cada vez más justo, menos desigual; por ello, puntualizó que es necesario seguir trabajando en fortalecer a las instituciones. 

Este foro internacional, subrayó, es el resultado de una estrecha colaboración entre las autoridades electorales y la universidad pública. El espacio de la academia es idóneo para discutir y proponer la ruta que debe seguir el país en los siguientes años. Indicó que es a través del debate abierto y argumentado, que se pueden encontrar alternativas para los principales problemas que aquejan a la democracia y al Estado de derecho, especialmente al proceso electoral que se aproxima. 

Finalmente, la profesora de Sociedad Digital y Justicia de la Universidad de Sussex, Judith Townend, resaltó la trascendencia del principio de la transparencia para disuadir las malas prácticas, además de que asegura la justicia y el comportamiento adecuado de los gobiernos. 

En este contexto, añadió que la justicia abierta es clave para generar confianza entre la ciudadanía, por lo que, detalló, es la fachada perfecta de un Poder Judicial objetivo y esencial para el Estado de derecho. En un modelo de rendición de cuentas, detalló, la apertura y la transparencia aseguran la legitimidad judicial y que los gobiernos e instituciones públicas sean responsables de sus decisiones.