Ciudad Victoria, Tamaulipas. - En un acto de protección al fiscal especializado en Combate a la Corrupción, Raúl Ramírez Castañeda, el juez de Distrito, Juan Fernando Alvarado López suspendió los nombramientos de los vicefiscales anticorrupción Jesús Eduardo Govea Orozco y Federico González Scott, designados por el fiscal general de justicia en Tamaulipas, Irving Barrios Mojica.

Y es que este lunes, Barrios Mojica dio a conocer, a través de un comunicado, que nombró a Federico González Scott como vicefiscal Especializado en Procesos Penales de Hechos en Materia de Corrupción y a Jesús Eduardo Govea Orozco, vicefiscal Especializado en la Investigación de Hechos en Materia de Corrupción.

Fue este martes que el grupo parlamentario de Morena aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, para crear dos Vicefiscalías Anticorrupción, como una forma de incrustar contrapesos a Ramírez Castañeda, a quien han acusado de no tramitar las denuncias contra los y las funcionarias del gobierno panista.

Sin embargo, horas más tarde, Alvarado López, afín al ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, concedió una nueva suspensión a efecto de que no se le aplique al quejoso, Raúl Ramírez Castañeda, la reforma recientemente aprobada por el Congreso de Tamaulipas, mediante la cual se crearon las Vicefiscalías Anticorrupción, dependientes de la Fiscalía General del Estado.

Desde octubre del año pasado, Ramírez Castañeda, uno de los hombres más leales al exmandatario panista, ha vencido a la bancada legislativa del Morena que ha intentado separarlo del cargo de fiscal Anticorrupción.

El pasado 22 de septiembre, la Diputación Permanente, con mayoría morenista, lo separó del cargo y nombró a Jesús Eduardo Govea Orozco como encargado de la oficina, 30 días después, el Segundo Tribunal Colegiado ordenó que Ramírez Castañeda regresara al puesto por violaciones al proceso legal.

Este hecho inusitado implica la paralización del propio Poder Legislativo estatal, pues bajo este razonamiento, el Congreso local no podría modificar las normas de la institución pues, a juicio del juzgador, se vulneran los derechos de Ramírez Castañeda.

No obstante, una resolución del juez Alvarado López permitió a Ramírez Castañeda reincorporarse a sus funciones, a partir de lo cual presuntamente ha incurrido en violencia laboral, tratos crueles y denigrantes en contra de los propios trabajadores de la citada Fiscalía.

Al entrar en vigor la reformada Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado, del pasado 24 de octubre, Ramírez Castañeda nuevamente acudió ante el juez de Distrito Alvarado López, señalando como acto reclamado la reforma antes citada, argumentando que se restringen y se limitan sus funciones, recibiendo respuesta favorable a su improcedente petición.

Es de mencionarse que la Ley de Amparo dispone que es improcedente el Juicio Constitucional contra actos inherentes a los nombramientos que en ejercicio de su soberanía correspondan a los congresos locales.