Ciudad de México.- El titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) de la Secretaría de Salud, Juan Manuel Quijada Gaytán, informó que, en México, la primera muralla que se derribó para lograr la transformación de la atención en salud mental y adicciones fue la corrupción y el nepotismo.

“Una especie de casta de los últimos 20 años conducía la salud en el país para su beneficio, eran mercaderes de la salud mental, junto con la industria farmacéutica,” señaló durante la presentación de la Propuesta de Agenda de Salud Mental para la Región de las Américas, a la que asistió el director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa da Silva.

Quijada Gaytán sostuvo que el desarrollo de las políticas públicas ya no pertenece a un grupo de pequeños tomadores de decisiones, sino a las personas más vulneradas, al pueblo. “Desde ahí estamos construyendo estrategias y trasformando la salud mental en este país.”

Al hablar de la transformación de la salud mental en México y el futuro para la región de las Américas, señaló que uno de los ejes fue la publicación del decreto de reforma a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones el 16 de mayo de 2022, que da prioridad al consentimiento informado, voluntad anticipada y el derecho a no ser sometido al aislamiento.

En este contexto, dijo que el modelo mexicano de salud mental y adicciones integra las recomendaciones de la OPS, al promover y consolidar acciones de prevención de adicciones, suicidio y atención oportuna de problemas de salud mental a través de los 341 Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (Cecosama).

Destacó que la Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones (ENPA) Juntos por la Paz ha alcanzado a más de 35.6 millones de personas y organizado más dos millones de actividades comunitarias.

Dio a conocer las acciones para la atención a la salud mental y adicciones entre la comunidad LGBTTTIQ+, así como para el pueblo yaqui y pueblos originarios en Guerrero; Aguililla, Michoacán, y Guachochi, Chihuahua, en el marco de los planes de justicia que impulsa el gobierno federal, así como el componente antirracismo.

La secretaria de Salud de Colima, Martha Janeth Espinosa Mejía, sostuvo que entre los aprendizajes que dejó la pandemia de COVID-19 en la entidad fue que la población y profesionales de la salud pudieron revalorar la salud mental.

En la entidad se llevaron a cabo estrategias de promoción de la salud y prevención desde la comunidad. La Guía mhGAP, destacó, fue un pilar importante en la transformación de la atención para avanzar hacia el equilibrio emocional, psicológico y social.

Martha Espinosa Mejía indicó que la reconversión de las Uneme – CAPA a Cecosama contribuyó a que Colima se ubique entre las entidades con mayores índices de cumplimiento del Programa Nacional de Prevención del Suicidio.

Jarbas Barbosa da Silva señaló que la pandemia de COVID-19 exacerbó la crisis de la salud mental en la región de las Américas, por lo que fue necesario implementar acciones para reconstruir y mejorar los sistemas y servicios.

Recordó que durante la emergencia sanitaria se incrementaron la depresión, ansiedad, consumo de alcohol y drogas, lo que develó la necesidad de un cambio en la atención a estos problemas de salud.

Reconoció que en 20 años en la región aumentó siete por ciento la tasa de suicidios entre jóvenes, poblaciones vulnerables víctimas de discriminación como la comunidad lésbico gay, bisexual, transexual, intersexual, queer y más (LGBTIQ+), y en quienes no tienen garantía para recibir atención.

Enfatizó que es necesario integrar a todos los sectores del gobierno y comunidades para que las instituciones de salud mental tengan la capacidad de ofrecer apoyo desde la atención primaria a la salud.

En el evento, el director de la Unidad de Salud Mental de la OPS, Renato Oliveira de Souza, presentó las recomendaciones de la Comisión de Alto Nivel de Salud Mental y COVID-19.

Destacó que la comisión identificó como bases prioritarias para trabajar, las alianzas políticas de salud mental; financiación y salud mental; atención, prestación e innovación de servicios; además de determinantes sociales y económicos en poblaciones que necesitan atención especial.

Mencionó que expertos, grupos de trabajo y comisionados enriquecieron las recomendaciones con información recopilada en la consulta con asociaciones de usuarios, familiares, representantes de grupos comunitarios, comunidades indígenas, afrodescendientes, mujeres, jóvenes y sectores educativos.

Las recomendaciones de la Comisión de Alto Nivel de Salud Mental y COVID-19 de la OPS son: elevar la salud mental a nivel nacional y supranacional; integrar esta rama en todas las políticas; aumentar la cantidad y mejorar la calidad del financiamiento; garantizar los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental; y promover y proteger la salud mental a lo largo de la vida.

También recomienda mejorar y ampliar los servicios y la atención de salud mental a nivel comunitario; fortalecer la prevención del suicidio; adoptar un enfoque transformador frente a las cuestiones de género en pro de la salud mental; abordar el racismo y la discriminación racial como importantes determinantes de la salud mental; y mejorar los datos y las investigaciones.

En su intervención de manera virtual, la secretaria de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, Gabriela Andrea Torres, dijo que, en su país, el tratamiento de las personas con problemas de consumo de sustancias se considera parte de la salud mental. De esta manera, el acompañamiento, la continuidad de los cuidados y el respeto a los derechos humanos son elementos clave en la intervención de esta problemática.