Ciudad de México.- Por las dimensiones del territorio nacional y su composición política, se debe implementar una estrategia nacional uniforme y con los mismos criterios para niñas, niños y adolescentes, lo cual representa un reto enorme debido a que el municipio es un ente libre, con autonomía para administrar su gobierno, sus finanzas y las normas que le regirán.

Ante esta diversidad de concepciones, costumbres, formas de gobierno y de sus diferencias culturales y socioeconómicas, los municipios del país deben promover acciones que garanticen los derechos de esta población, aseveró la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva (SE) del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), adscrita a la Secretaría de Gobernación, Constanza Tort San Román.

En su participación en la Sexta Sesión Ordinaria del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Ciudad Juárez, Chihuahua, Tort San Román subrayó que los municipios representan a las autoridades más cercanas a la vida cotidiana que enfrentan día a día estos grupos etarios, por lo que las SE de los Sipinna municipales deben ser los anteojos que vean con claridad su realidad.

Puntualizó que Chihuahua es un estado donde conviven diversas comunidades indígenas, muchas de ellas emblemáticas, como la comunidad rarámuri; sin embargo, ocho de cada 10 niñas y niños hablantes de lengua indígena están en situación de pobreza.

Explicó que la diversidad que existe entre la población de esta entidad federativa, y en particular de Ciudad Juárez, conlleva asumir con responsabilidad el compromiso legal y ético de construir un gobierno que mire a su niñez y su adolescencia como plenos titulares de derechos humanos, para asegurar su desarrollo, bienestar e integración a las decisiones que se toman para el bien de la entidad en los próximos años.

Mencionó como ejemplo de compromiso e integración interinstitucional los espacios seguros para estos sectores de la población, cuya construcción cuenta con el apoyo de las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil, que se expresa de diversas maneras.

Tort San Román abundó que el sistema de sistemas de protección integral se compone del nacional, 32 estatales y mil 870 municipales, en una relación donde el trabajo conjunto logre que los objetivos planteados den mejores resultados.