Ciudad de México.- El artículo 4º de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (CDN) señala que los Estados firmantes -como lo es México- deben garantizar un gasto público suficiente y equitativo para hacer realidad los derechos de este grupo etario de la población, indicó la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva (SE) del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) adscrita a la Secretaría de Gobernación, Constanza Tort San Román.

Durante su participación en la reunión ‘¿Cuánto invierte el país en las mexicanas y mexicanos del futuro? Foro: Construyendo un presupuesto para la niñez y la adolescencia 2024’, apuntó que es necesario el compromiso de las y los legisladores para asumir la máxima del interés superior de la niñez y garantizar un aumento sostenido de recursos asignados a la protección de este sector de la población en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Tort San Román destacó que “para definir hacia dónde tenemos que enfocar los esfuerzos en materia presupuestaria es necesario partir del reconocimiento de los beneficios sociales y económicos asociados con una adecuada inversión en la niñez y las adolescencias, lo que reduce significativamente los gastos en salud y los riesgos asociados a la desnutrición y al sobrepeso, a la vez que se fortalecen sus oportunidades de desarrollo”.

Subrayó que el país debe valorar que los recursos asignados para niñas, niños y adolescentes son una inversión y no un gasto, de allí la importancia de revisar su asignación ya que deben garantizar el irrestricto respeto a la totalidad de sus derechos con un enfoque integral.

El foro fue organizado por la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados, que preside la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, en el marco de la Cuarta Semana Nacional de Inversión en la Primera Infancia.