Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La culpabilidad de los 11 policías estatales por el asesinato de 19 personas, la mayoría ciudadanos guatemaltecos, cometidos en Camargo, Tamaulipas en enero de 2021, sienta un precedente para que los responsables de la seguridad actúen con total apego a los derechos humanos y si hay algún delito que hayan cometido los funcionarios tienen que responder ante la justicia, declaró el diputado morenista Isidro Vargas Fernández.

Sostuvo que “es algo que se señaló por parte del gobernador Américo Villarreal y del presidente López Obrador, que la actuación de la seguridad iba hacer con total apego a los derechos humanos y, si hay responsabilidad tiene que responder ante la justicia”.

Refirió que la decisión del juez Patricio Lugo Jaramillo “sienta un precedente contra malos elementos y servidores públicos, porque muchas ocasiones pueden ser personas que están adheridas a un grupo delictivo y pueden disfrazarse, es bueno saber los nombres de las personas, específicamente de las personas que participaron y si están incorporadas de manera oficial al padrón de la Guardia Nacional o Estatal o quien sea”.

Vargas Fernández destacó que “al iniciar este gobierno del Estado, hubo algunos elementos que ya no les renovaron su contrato porque precisamente tenían antecedentes de quejas ante la Comisión Estatal y Nacional de los Derechos Humanos, y de manera interna también estaban sujetos a un proceso de investigación ante el Consejo de Honor y Justicia”.

Recordó que en años pasados, eran constantes los policías estatales inmiscuidos en bandas, por eso subrayó, “es algo que se tiene que revisar bien y que los servidores que lleven a cabo la seguridad estén atentos en respetar el tema de los derechos humanos, es algo que nos dicta desde organismos internacionales para que los gobiernos, en este caso de México y Tamaulipas lo respeten”.

En ese sentido, precisó, “nosotros como diputados podemos plantear una reforma de ese tipo, pero si necesitamos tener el consenso con el Poder Judicial porque sin embargo ellos tienen la legislación de manera interna para hacer este tipo de modificación legal, pero nosotros estaremos revisando la legislación en ese tipo para poder proponer un incremento a la pena”.

Reveló que la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos es muy clara y hay una línea entre pasar a una sanción administrativa a una sanción de tipo penal.

“En esa óptica nosotros estaremos levantando la voz para que se lleve hasta las últimas instancias, proponiendo penas mayores contra policías y servidores que incurren en actos delictivos, debe haber total separación entre el poder de gobierno y ese tipo de grupos, no deben participar en ese tipo de actos delictivos y cualquier servidor público que esté inmiscuido en ese tipo de asuntos pues se proceda a una investigación, si resultara culpable se le dé inmediatamente de baja el órgano interno de control”, puntualizó el legislador local.