Ciudad de México.- Como parte de los trabajos del segundo día de actividades del Encuentro Nacional de Magistradas y Magistrados Electorales 2023, la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso, reconoció el esfuerzo cotidiano en el desarrollo de su función de juzgadoras y juzgadores de los tribunales electorales, para resolver y disolver los conflictos de una manera pacífica, jurídica y que da estabilidad social.

Sus resoluciones generan tranquilidad y paz, lo cual, en tiempos electorales, adquiere una importancia y relevancia mayor, señaló la magistrada Soto Fregoso al participar en la moderación de la mesa “Nulidades frente a las violencias (política en razón de género, criminal, de comunicación política) en las elecciones en México y su impacto en los procesos electorales del continente americano”.

Asimismo participaron el secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de Estados Americanos (OEA), Francisco Javier Guerrero Aguirre; la fundadora y coordinadora de la Catedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Gloria Ramírez Hernández; la magistrada de la Sala Regional Toluca del TEPJF, Marcela Elena Fernández Domínguez; la magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, Socorro Roxana García Moreno, y el presidente de la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales, Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon.

En su intervención, Guerrero Aguirre dijo que la violencia política dentro de los procesos electorales amenaza la participación política de las ciudadanas y los ciudadanos, y el ejercicio de sus derechos políticos. Esta condición, subrayó, implica que ciudadanas, ciudadanos, candidatas, candidatos, organizaciones e incluso observadores electorales tengan temor para participar, lo que puede configurar una situación que derive en la nulidad de los procesos electorales, puntualizó.

Gloria Ramírez habló sobre los casos de Iliatenco, Guerrero, y Atlautla, en el Estado de México, en los que el TEPJF declaró la nulidad de las elecciones por violencia política de género, a pesar de no estar tipificada como causal expresa. En ese sentido, calificó como históricas dichas sentencias por los criterios y fundamentos establecidos por el máximo órgano jurisdiccional electoral.

Por su parte, la magistrada Fernández Domínguez sostuvo que, a pesar de los esfuerzos que se han hecho para erradicar la violencia en los procesos electorales, lamentablemente esta se ha infiltrado en el desarrollo de las elecciones, lo que ha generado en ocasiones la nulidad de la votación recibida en determinadas casillas o incluso de toda la elección.

En tanto, García Moreno señaló que a lo largo de los años la legislación electoral mexicana, así como la Sala Superior del TEPJF y los tribunales electorales locales han creado una rica y vasta jurisprudencia, que ha establecido tantos estándares para la aplicación de las causales, como supuestos de nulidad que hoy dan las pautas a seguir para los actores políticos. Si bien la violencia política de género no está contemplada como una causal de nulidad expresa en la ley, esta falta de previsión legal no puede dejar impunes actos que afecten la igualdad, la no discriminación, la vida libre de violencia de las mujeres, la libertad del voto y la equidad en la contienda, resaltó.

De Hoyos Koloffon se pronunció por una sinergia institucional entre las autoridades electorales y de procuración de justicia, a través de un intercambio de información, vital para continuar brindando condiciones de equidad en la contienda electoral, paz y estabilidad sociales, pero sobre todo, fortalecer el sistema democrático del país, refirió.

Más tarde, las consejeras del Instituto Nacional Electoral, Claudia Zavala Pérez y Norma Irene de la Cruz Magaña, así como la consejera presidenta de la Asociación de Instituciones Electorales de las 

Entidades Federativas (AIEEF), Yanko Duran Prieto; el consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC), Roberto Herrera Hernández; la magistrada presidenta de la Sala Regional Especializada del TEPJF, Gabriela Villafuerte Coello, y el magistrado presidente de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF, Sergio Arturo Guerrero Olvera, como moderador, dialogaron sobre “Acciones afirmativas. Registro de candidaturas y participación efectiva de los grupos en situación de vulnerabilidad”.

La consejera Zavala Pérez reconoció que, así como en la Cámara de Diputados se logró incorporar a través de acciones afirmativas a 65 personas pertenecientes a los distintos grupos en situación de vulnerabilidad, este esquema debe aplicarse también en el Senado de la República. En particular, detalló, se debe dotar de congruencia normativa al derecho de sufragio en sus vertientes de votar y ser votados, para senadurías y diputaciones, ya que es una deuda histórica que se tiene con quienes residen en el exterior.

En su oportunidad, la consejera De la Cruz Magaña resaltó el trabajo realizado en la institución, en donde aprobaron algunas medidas afirmativas derivadas de sentencias jurisdiccionales referentes a personas indígenas, con alguna discapacidad, afroamericanas, de la diversidad sexual y, de las más significativas, sobre personas migrantes y residentes en el extranjero.

Durán Prieto destacó que, en materia electoral, las acciones afirmativas son una herramienta primordial para revertir los efectos de la discriminación. Al respecto, recordó que en un principio su evolución y acatamiento fue lento, hasta que la interpretación de las normas por parte de los tribunales electorales y en especial el TEPJF les dotó de obligatoriedad gracias a sus sentencias y a la inclusión del principio de paridad en la Constitución.

Finalmente, Herrera Hernández resaltó el hecho de que, derivado de las acciones afirmativas, en Durango sean 245 cargos de elección popular que pertenecen a grupos vulnerables; es de destacarlo, agregó, porque nunca como hasta ahora se había visualizado la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, lo cual es resultado del trabajo de las autoridades administrativas y jurisdiccionales.