Ciudad de México. - Durante la tercera jornada de la Semana de actividades académicas en la EJE, se realizó la mesa redonda “Régimen de la comunicación política electoral a revisión: Diagnóstico y recomendaciones”, donde participaron Flavio Galván Rivera, profesor-investigador de la EJE; Gabriela Villafuerte Coello, magistrada presidenta por ministerio de ley de la Sala Regional Especializada; Arturo Ramos Sobarzo, académico de la Escuela Libre de Derecho, y Rubén Jesús Lara Patrón, magistrado de la Sala Regional Especializada, quienes coincidieron en señalar la necesidad de reformar el actual modelo que existe en la materia, basándose en principios electorales, pero también en el actual contexto derivado del uso de las redes sociales. 

Durante su intervención, Flavio Galván hizo referencia al contexto histórico que llevó a tener el actual modelo de comunicación política, sin embargo, reflexionó sobre dónde se encuentra este en el actual contexto cuando los actores políticos están haciendo campañas electorales fuera del orden constitucional y legal, por lo que, dijo, se tiene que acabar con este sistema de prohibición y dar libertad total para que digan de todo, como está sucediendo actualmente.  

En ese sentido, Arturo Ramos Sobarzo coincidió en que el modelo debe buscar ser más liberal y permitir fórmulas que no sean restrictivas en cuanto a la libertad de expresión, pero buscando equilibrios; refirió que ahora el INE y el Tribunal Electoral ya tienen la presión de resolver en este tema equilibrando los principios de equidad y libertad de expresión.  

En tanto, el magistrado de la Sala Especializada, Rubén Jesús Lara Patrón, advirtió un riesgo al liberalizar por completo el modelo de comunicación política, pues se dejaría de lado los límites que buscan impedir que dentro de los contenidos electorales y gubernamentales se desarrollen discursos discriminatorios, mensajes de odio o violencia política de género, por lo que insistió en que debe haber lineamientos claros.  

Por su parte, la magistrada presidenta por ministerio de ley de la Sala Especializada, Gabriela Villafuerte Coello, señaló que se está viviendo un punto de inflexión para saber hacia dónde se quiere ir con este modelo de comunicación política que se tiene, ya que cuestionó si está cumpliendo el propósito de ser clara, asertiva, sin doble discurso y si genera el entendimiento entre todos los actores políticos. Sostuvo que cada vez se ve más el sacrificio de lo colectivo en aras de la libertad de expresión, lo que, dijo, debilita la comunicación política, ahuyenta la participación y por lo tanto se aleja de la democracia. 

Posteriormente se llevó a cabo la segunda mesa, “Régimen comparado de los derechos políticos de personas en condición de vulnerabilidad. ¿Cuál es la función de la justicia electoral en la reparación de la desigualdad?”, que contó con la participación de María Garrote, especialista en derecho constitucional y catedrática de la Universidad Complutense de Madrid; Mauricio Iván del Toro Huerta, experto en derecho electoral de las comunidades de pueblos originarios y del TEPJF; Irina Cervantes Bravo, magistrada del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit, y Gloria Alcocer Olmos, de la revista Voz y Voto, quienes analizaron cómo los grupos en situación de vulnerabilidad han enfrentado el reconocimiento y ejercicio de sus derechos político-electorales. 

La catedrática de la Universidad complutense, María Garrote, sostuvo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha cometido el error de creer que se protege a las instituciones democráticas al negar el derecho al voto a personas con discapacidad intelectual o cognitiva, bajo el argumento de que no saben el alcance de sus decisiones; asimismo, cuestionó que también excluya a las personas en prisión preventiva pues la medida afecta a quienes tienen una situación económica precaria y no pueden pagar una fianza.  

En tanto, Mauricio Iván del Toro Huerta expuso cómo el Congreso de la Unión alcanzó una amplia diversidad gracias a la paridad, la inclusión y la diversidad en su integración, como resultado de reformas legales, litigios estratégicos, determinaciones administrativas electorales, decisiones judiciales locales y federales, y por acciones afirmativas. 

Por su parte, Gloria Alcocer, directora de la revista Voz y Voto, alertó sobre el desconocimiento que algunos grupos vulnerables, a los que se busca beneficiar con las acciones afirmativas, tienen sobre sus derechos políticos y cómo defenderlos, incluso quienes ocupan posiciones de representación o cargos públicos. La magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Nayarit, Irina Cervantes Bravo, destacó que, aun cuando ha habido avances desde las instituciones y legislación electorales, las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad no logran ejercer sus derechos políticos y de representación debido a las dificultades económicas o sociales que enfrentan. 

La jornada de este jueves concluyó con el coloquio “La interpretación jurídica y sus problemas. ¿Cuál es el papel del juez constitucional en una democracia?”, donde intervinieron Salvador Nava Gomar, especialista en derecho constitucional y ciencia política y exmagistrado de la Sala Superior del TEPJF; Rubén Sánchez Gil, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, y Leopoldo Gama Leyva, del TEPJF e investigador nacional en el sistema nacional de investigadores del Conacyt.