Ciudad de México. - La Secretaría Ejecutiva (SE) del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) impulsa el trabajo de las comisiones y subcomisiones de justicia penal para adolescentes en las entidades federativas, a fin de generar políticas públicas con enfoque de derechos que atiendan los problemas que enfrentan estos grupos cuando se colocan en una situación de conflicto con los sistemas de justicia.

Durante la reinstalación de la Subcomisión Estatal de Justicia para Adolescentes del estado de Tamaulipas, la encargada de despacho de la SE del Sipinna nacional, adscrita a la Secretaría de Gobernación, Constanza Tort San Román, recordó que es responsabilidad de las comisiones y subcomisiones generar políticas que permitan a las y los adolescentes que estén en conflicto con la ley acceder a la reinserción social, un trabajo digno, al ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos con responsabilidad y a todo lo que representa su bienestar en general, lo que precisa de legislaciones, programas y presupuesto específico.

Recordó que la observación general número 24 del Comité de los Derechos del Niño (CDN) de Naciones Unidas recomienda que los estados generen una política de protección integral para adolescentes, y que en su sistema de justicia se contengan mecanismos alternos para la solución de controversias y evitar al máximo la judicialización.

Destacó la importancia del principio de justicia restaurativa por ser la respuesta que garantice con eficacia la dignidad, certeza y presunción de inocencia de las y los adolescentes en conflicto con la ley.

Enfatizó la relevancia de comprender que las y los adolescentes que incurren en conductas penales suelen haber sufrido situaciones difíciles de enfrentar relacionadas con la inseguridad, desigualdad y pobreza que han favorecido que incurran en conductas antisociales que les colocan en conflicto con la ley.

Agregó que solo si las autoridades entienden las razones por las que este grupo etario violenta la ley estarán en condición de atenderles debidamente, y que en todos los casos debe considerarse la alta probabilidad de que hayan sido víctimas del entorno social en el que crecieron y se desarrollaron, porque esa situación suele llevarlos a esas conductas antisociales.

La sesión fue presidida en representación del gobernador, Américo Villarreal Anaya, el subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de Tamaulipas, Jorge Luis Beas Gámez, quien estuvo acompañado por la secretaria ejecutiva del Sipinna estatal, Ivette Salazar Márquez.