Ciudad Victoria, Tamaulipas. - El director general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) de Tamaulipas, Fernando Arizpe Pedraza, informó que fue dado de baja, Oscar Alarcón Santos, director del plantel de Nuevo Laredo por malos manejos administrativos y, “por cobrar dinero a los alumnos para que no llevaran el uniforme los miércoles”.

Asimismo, dijo que el pasado 15 de julio, “también dimos de baja al director administrativo de ese plantel, porque también presentó faltas administrativas y no seguía los lineamientos de contabilidad gubernamental, a él, se le levantó un acta y procedimiento ante la Contraloría Gubernamental”, especificó Arizpe Pedraza.

El director general de este subsistema de educación media superior, precisó que, en ambos casos, ya se realizan las revisiones y ahora el asunto está en manos de la Contraloría del Estado, que es la encargada de entablar un proceso legal por el mal manejo de los recursos, y no transparentarlos de acuerdo con los lineamientos de contabilidad gubernamental.

“Ayer (martes) di de baja al director de Nuevo Laredo, por malos manejos administrativos, además tenía muchos problemas con el personal, maestros y sindicato, traía todo dividido en el plantel, entre otras cosas cobraba dinero a alumnos por no llevar uniforme los miércoles, entre otras muchas cosas”.

Estableció que, “quien no se maneje adecuadamente dentro del Conalep va para afuera, no podemos permitir que no estén comprometidos como servidores públicos con la educación y el buen desempeño de sus funciones. El gobernador nos ha pedido ser honestos y transparentes con nuestro actuar”, recordó el directivo educativo.

Apenas el pasado 8 de agosto, el director general del Conalep, confirmaba a “Hoy Tamaulipas” que los 18 ex directores de planteles y 8 ex jefes administrativos ya habían respondido a las observaciones hechas en las auditorías del 2019 al 2022.

Dijo que, con excepción de tres casos, en que los responsables omitieron o la presentaron por escrito, el resto de los involucrados en el desvío de 48 millones de pesos en agravio de las arcas estatales, contestaron lo que a su derecho corresponde a la Contraloría del Estado, quien determinará si se entabla proceso legal o no a los presuntos responsables de ese millonario desfalco a la institución.