Ciudad Victoria, Tamaulipas. - A través del Periódico Oficial del Estado (POE), se formalizó la reestructuración de la deuda pública que el Congreso de Tamaulipas autorizó el Ejecutivo Estatal por un monto de 13 mil 006 millones 794 mil pesos.

El POE publicó el decreto 65-600, que autoriza al Gobierno del Estado la gestión y contratación, con cualquier institución financiera de nacionalidad mexicana, siempre que en cualquier caso ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno o varios financiamientos para refinanciar total o parcialmente la deuda pública directa a su cargo, constitutiva de deuda pública.

Se establece que serán nueve los créditos que serán refinanciados o reestructurados, cuatro con Bancomer; dos con Banco Mercantil del Norte; dos con Banco Nacional de México y uno con Banco Santander.

Dicha autorización, aprobada por el Congreso local, respalda el argumento del gobernador Américo Villarreal, en el sentido de que con el refinanciamiento y/o restructuración de nueve créditos con bancos privados, permitirá mejorar las tasas de interés y el plazo de financiamiento.

“…estamos convencidos de los beneficios que traerá consigo esta autorización, puesto que con la reestructura planteada se generará liquidez a la presente y futuras administraciones, y como consecuencia el impacto presupuestal será positivo, ya que los egresos anuales por pago de deuda serán menores”.

Con la reestructuración se liberan parcialmente las garantías otorgadas, ya que actualmente se tiene garantizada la deuda con porcentajes muy elevados de participaciones federales, y libera la presión sobre el flujo de efectivo para la actual administración, lo que permitirá hacer frente a inversiones para el desarrollo de Tamaulipas.

“…con la ampliación del plazo disminuye el monto mensual de pago de capital, habrá un efecto positivo de saneamiento financiero mediante el refinanciamiento de una parte de la deuda pública que habrá de quitar presión a la disponibilidad de las finanzas e impulsará con mayor solvencia el gasto destinado a la infraestructura y servicios públicos, no solo para la presente administración sino también para las futuras”, precisa el decreto.