Reynosa, Tamaulipas. - La Mesa de Seguridad y Justicia en Reynosa y la organización México S.O.S., promueven la penalización del llamado "cobro de piso" como delito de extorsión y sea tipificado y unificado a nivel nacional, quedando de manifiesto en conferencia de prensa por parte de representantes de organizaciones ciudadanas en la que presentaron los avances en la gestión para que la Cámara de Diputados presente la iniciativa.

Al respecto, el presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de Coparmex, Jorge Peñúñuri Pantoja, manifestó que están haciendo un trabajo constante no solo señalando, sino coadyuvando para la solución de los problemas.

“Me referiré solamente a uno de los delitos de alto impacto que más aqueja a nuestra sociedad, que es el que tiene que ver con la extorsión, dado que el primero de abril del 2023 se registraron 3,473 víctimas de extorsión, es decir, poco más de una víctima por hora. Tan solo en el 2022 se registraron 11,042 víctimas de extorsión. Se trató del total anual más alto desde que se inició el registro”, comentó.

Sin embargo, dijo que eso no refleja la realidad nacional acerca de ese delito, porque hay un importante subregistro o cifra negra por falta de denuncias.

“Según datos del Inegi se trata del 96.1%, por ello es que me complace aprovechar este evento con la finalidad de anunciar a ustedes que estamos trabajando de la mano con la diputada Juanita Guerra Mena, Presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como la Coordinación Nacional Antisecuestros (Conase) y con la propia Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana para tipificar y unificar este delito que tanto aqueja a la sociedad”, mencionó.

Este proyecto permitirá que se castigue a quienes incurren en delitos de extorsión, principalmente en la modalidad de cobro de piso.

Se pretende que se presente una iniciativa de reforma constitucional al Artículo 73, Fracc. 21 para que se incluya el delito de extorsión y el Congreso de la Unión pueda legislar en la materia, a través de una ley general que permita tipificar y unificar el tipo de delito como aplicación general en los Estados y Municipios.