Ciudad de México.-Las y los adolescentes en conflicto con la ley son población vulnerable pues enfrentan o enfrentaron situaciones adversas dentro de su círculo familiar y comunitario, que comprometen su desarrollo psicosocial y dificultan su actuación en los entornos social, económico y cultural, planteó la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva (SE) del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), adscrita a la Secretaría de Gobernación, Constanza Tort San Román.

Subrayó que este grupo poblacional que fue víctima y se convierte en victimario requiere de la protección integral que les otorga el marco jurídico centrado en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (LNSIJPA), que es el resultado de años de esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil y sus autoridades, lo que representa un avance en su reconocimiento como titulares de derechos humanos conforme al paradigma del interés superior de la niñez.

Durante su participación, virtual, en la Instalación y Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Justicia Penal para Adolescentes del Sipinna de Sinaloa, la servidora pública recalcó la importancia de velar siempre por el interés superior de la niñez y las adolescencias, e hizo énfasis en la necesidad de eliminar la visión adultocéntrica sobre este grupo etario, pues para entenderles es necesario escucharles.

Apuntó que la Observación General número 20 del Comité de los Derechos del Niño (CDN) sobre la adolescencia, recomienda a los estados parte, una política de protección integral para esta población, con legislaciones, programas y presupuestos específicos para este sector que enfrenta condiciones difíciles en el goce de sus derechos, como educación, salud, seguridad, incorporación al trabajo digno, derechos sexuales y reproductivos, y bienestar.

Destacó también la importancia del aporte que este grupo poblacional hace a la sociedad por su dinamismo como agente de cambio, de manera que constituye un activo al que debe protegerse y procurarse.

De lo dicho en la sesión destaca que, quienes integran esta comisión, deben trabajar con base en la premisa de que la población adolescente no está ajena al contexto de violencia, inseguridad, desigualdad y pobreza que enfrentan muchos sectores sociales del país, y por ello deben asumir que, aunque una persona adolescente sea encontrada culpable de la comisión de un delito, no dejará de ser identificada como víctima del entorno social y económico que la llevaron a esa conducta.

La sesión de la comisión fue presidida por el coordinador del Consejo Jurídico Estatal de la Secretaría General de Gobierno del estado de Sinaloa, Omar Antonio Gutiérrez Ponce, y contó con la coordinación técnica de la secretaria ejecutiva del Sipinna local, Nuria Alejandra González Elizalde.