La semana pasada, un sector de la población, Diputados, Senadores y algunos servidores de la Administración Pública Federal, se escandalizaron por la sentencia dictada el 8 de mayo de 2023, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de la cual se resolvió declarar la invalidez de las reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas (mejor conocidas como el “Plan B”).

Las injurias, calumnias, descalificación e incluso amenazas no se hicieron esperar, se atacó a los Ministros por todos los frentes, el Senador Ricardo Monreal amagó con someterlos a juicio político, y desde las oficinas de Presidencia de la República se inició una grotesca campaña pública de desprestigio, similar a las realizadas por Hugo Chávez en Venezuela, Donald Trump en Estados Unidos cuando señaló públicamente a jueces que fallaron en su contra, y por Recep Tayyip en Turquía desde el fallido golpe de estado sucedido en 2016.

Todo ello, sosteniendo falsamente que la SCJN trastocó la separación de poderes sustituyendo al Congreso de la Unión, cuando ni siquiera se analizó el contenido de la iniciativa, es decir, la sustancia de la decisión (reforma) de la mayoría parlamentaria.

En efecto, la sentencia dictada invalidó el decreto de reformas, pero no por alguna cuestión relativa a la constitucionalidad de la voluntad mayoritaria representada en el Congreso, sino porque desatendieron las expectativas mínimas que deben regir en cualquier democracia, además se violentó el procedimiento legislativo, en detrimento del principio de deliberación informada, impidiendo la participación de las minorías parlamentarias en el debate.

Dicha circunstancia, pone de manifiesto que las críticas arteras a la decisión asumida por el Pleno de la SCJN además de falaces son producto de una concepción rancia, simplista y superada hace más de 150 años de lo que debemos entender por democracia.

Los pazguatos y fulleros del Congreso insisten en que la democracia se reduce a la forma de gobierno de todo el pueblo representada exclusivamente por una simple mayoría en el parlamento, como si se tratara de un gobierno de privilegio en favor de una mayoría numérica que, pretenden sea la única con voz y voto en el Estado Mexicano.

En realidad, un régimen democrático parte de una premisa de igualdad para todos los ciudadanos, siendo este, aquel en el que gobierna todo el pueblo igualmente representado.

En ese sentido, si bien es cierto, en un cuerpo democrático representativo que verdaderamente realiza funciones deliberativas las minorías deben quedar supeditadas a la mayoría del pueblo, de esta idea no puede seguirse que las minorías hayan de carecer por completo de representación o, que no sean ni siquiera oídas en la toma de decisiones, como lo pretendió la gavilla dominante y sucedió al aprobar las reformas invalidadas.

Pues de ser este el caso, no podríamos hablar de un Estado democrático basado en un principio de igualdad, sino en un gobierno de desigualdad y privilegio, en el que una fracción de la población gobierna al resto, negando a una parte de los ciudadanos la influencia que les corresponde en la toma de decisiones.

Por ello, contrario a lo asumido por los limitados detractores de la SCJN, la sentencia dictada no erosiona los valores democráticos del Estado mexicano, en realidad los garantiza y, como atinadamente lo mencionó el Ministro Aguilar Morales “no respetar las reglas del procedimiento legislativo es una deslealtad constitucional y un desdén a las minorías parlamentarias que también representan a un sector del pueblo de México”.

Finalmente, alguien debería recordar a los entusiasmados del “juicio político” contra los Ministros, que un acto contrario a las instituciones democráticas y la forma de gobierno representativa, sería precisamente asumir que basta contar con la mayoría parlamentaria para amordazar a sectores minoritarios del pueblo mexicano.

Luis Carlos Torre Garza

 

Abogado, egresado de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, especializado en materia Administrativa.

Actualmente cursando una Maestría en Derecho de Amparo en la UANL.

Socio del Despacho Torre Hernández "Derecho Estratégico Administrativo".