Ciudad de México.- Diputadas y diputados del grupo parlamentario de Morena presentaron una iniciativa de reforma al artículo 31 de la Constitución Política para incorporar el principio de progresividad tributaria a los conceptos que rigen la obligación de las y los mexicanos de contribuir al gasto público del país.

El documento, turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, señala en los considerandos que el concepto de progresividad tributaria refiere a que las personas o empresas que tengan una mayor capacidad económica o de pago, deberían pagar un porcentaje mayor de impuestos. 

Añade que con un sistema tributario progresivo, el Estado busca que mientras mayor sea el porcentaje de la riqueza o ingreso del agente económico, será mayor la aportación de impuestos y otros ingresos públicos, y menor será la proporción de dinero público que se les destine en forma de bienes y servicios públicos o transferencias gubernamentales. 

“Dicho en palabras más sencillas: Que pague más quien más gana o tiene, y que reciba más quien menos gana o tiene”, subraya. 

La propuesta, signada por las diputadas Aleida Alavez Ruiz, María Clemente García Moreno y Marisol García Segura, así como por los diputados Manuel Vázquez Arellano y Jorge Alberto Barrera Toledo, hace obligatoria la progresividad fiscal, para contar con un sistema robusto y redistributivo, con recursos crecientes que permitan cumplir las obligaciones del Estado en derechos humanos. 

Con ello, precisa, se establecen los cimientos jurídicos que coadyuven a la creación de nuevos gravámenes que impacten únicamente a la riqueza extrema que persiste.

Indica que la concentración de la riqueza precisa impulsar nuevos impuestos al patrimonio y los grandes capitales, para fortalecer al erario sin afectar a la inmensa mayoría de la población. 

Añade que un sistema fiscal funcional con perspectiva social debe recaudar ingresos para sostener el gasto público del gobierno, financiar el funcionamiento del Estado y garantizar el pleno cumplimiento de los derechos humanos, así como tener un efecto redistributivo y cerrar las brechas de desigualdad económica. 

Refiere que, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en México el 53 por ciento de la población (67 millones de personas) vive en pobreza por ingresos y este porcentaje fue incrementándose de manera constante.

Enfatiza que “en México la riqueza se encuentra terriblemente distribuida y es acaparada por unos cuantos potentados, con graves efectos en el bienestar, paz y pleno ejercicio de derechos de la mayoría de la población”.