Los acontecimientos presentados en Ciudad Juárez, el 27 de marzo de 2023, donde fallecieron 40 migrantes y resultaron heridas otras 25 personas, originarias de Venezuela, Guatemala, El Salvador y Honduras, dentro de las instalaciones del Centro de Detención del INAMI, muestran la complejidad que está presentando el fenómeno de la migración por México, donde se reconoce que debido a la violencia y los riesgos en el tránsito por nuestro territorio, se compensa aún con todo ello, contra la pobreza, desigualdad,  violencia, fenómenos meteorológicos que de ellos vienen huyendo los transmigrantes extranjeros.

Sin embargo, los que más sufren y padecen de este tráfico descontrolado, son precisamente los transmigrantes que se ven forzados a transitar por las tres grandes rutas del Golfo, Centro y Pacífico.

Éstos fenómeno de éxodos multiplicado ms, han sido poco estudiados, bajo la nueva óptica de que cada vez es más difícil sobrevivir en los países expulsores, lo más molesto y preocupante es que pocos se dedican a señalar y culpar a los gobiernos populistas señalados, tratando de justificar que los migrantes no tienen mayor elección, que huir en la seudo búsqueda del mal llamado "american dream".

Él diagnóstico que se presenta en los países expulsores que, ante fallas en sus políticas públicas, siguen siendo los principales causantes indirectos de estos éxodos migratorios.

Los organismos internacionales tampoco resuelven el tema. México impulsa una política migratoria basada en la detención y deportación de los migrantes centroamericanos, que transitan sin documentos. El discurso oficial dista de la realidad, la política actual migratoria es de “contención”.

Por esa porosa política, los transmigrantes se ven forzados a pagar onerosos servicios a polleros y coyotes; sobornos en retenes, por corrupción de funcionarios del INAMI con dichos individuos traficantes.

Las autoridades, no han atinado a resolver las causas y se distraen en solo ver parte de las consecuencias de la migración. Por ello, el tráfico es un delito que ha aumentado, y no se ve como lo podrán detener, creciendo la impunidad contra migrantes.

Adicionalmente, han cambiado las redes de tráfico de migrantes y trata de personas, desde el sur hasta la frontera norte del país. Los polleros y coyotes, se han amafiado con las autoridades, tanto del INAMI, como la GN y agentes locales, haciendo la movilidad migratoria más compleja y peligrosa, operando nuevos eslabones de la cadena que encarece el servicio y debilita la seguridad del migrante, que no es tratado como persona, sino, como mercancía.

Los polleros son ya coludidos por grandes empresas transnacionales que ya rebasaron desde hace mucho estos éxodos que no tienen límites de los grandes conglomerados que sumaron más de 2.4 millones de migrantes en todo 2022, de los cuales más de la tercera parte se completan por nuestros propios emigrantes mexicanos, que en 2022 sumaron 804 mil personas, de acuerdo a las cifras de la agencia ICE de EEUU.

Entre enero y abril de 2023, dichas cifras ya superaron las cuentas del mismo período del 2022, más motivadas ante la creencia que al derogarse este 11 de mayo, el Título 42, el optimismo que las autoridades migratorias iban a aceptar abiertamente mayores contingentes para recibir visas humanitarias.

Los acontecimientos registrados desde el pasado lunes, han sido alarmantes, como nunca se había visto en nuestras fronteras, largas filas de familias enteras intentando cruzar del lado norteamericano, topándose con alambres de púas, militares, policías estatales y federales, a la par de la Border Patrol, siendo ahora tratadas esas filas migrantes, como vulgares delincuentes, criminales, de acuerdo al nuevo Título 8, que es más radical que el derogado Título 42, bajo la argumentación de control sanitario del Covid-19....

Jorge Alfredo Lera Mejía

Tampiqueño, Economista (ITAM), LAE, Maestro en Economía y Doctor en Administración Pública (UAT).

Asociado del INAP, Subsecretario del Exterior de la Federación del Colegio Nacional de Economistas y Vicepresidente zona noreste de la LER. Inicia su carrera en 1977 y ha desempeñado diversos cargos en la Administración Pública Federal, en Michoacán y en Tamaulipas.

Catedrático en la UNAM, ITAM, ULSA y actualmente profesor-investigador por la UAT e Instructor de la Auditoría Superior de la Federación.