Ciudad Victoria, Tamaulipas. – La diputada federal por Tamaulipas, Olga Juliana Elizondo Guerra asentó que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avala inconstitucional la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, se obstaculiza la política de seguridad en México.

Y es que recientemente el ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara, propuso declarar inconstitucional el acuerdo presidencial donde la Guardia Nacional pasa a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La legisladora morenista expuso que la propuesta presidencial más allá de que sea buena o mala, alude a la necesidad urgente de atender el problema de la inseguridad en el país, a través de un órgano de seguridad pública capacitado y que funcione con perspectiva de derechos humanos.

"Inclusive, de ahí viene la necesidad de la reforma del artículo transitorio quinto de la Reforma Constitucional en materia de la Guardia Nacional, el cual propuso la ampliación de la participación de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública, a fin de permitir el fortalecimiento de la Guardia Nacional", comentó.

La diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) acentuó que detener esta reforma significaría un obstáculo a la política de seguridad del país, considerando que hay violencia e inseguridad en gran parte de México.

Además, dijo, es cuestionable la legitimidad de la atribución de invalidar una decisión legislativa por parte de la Corte, ya que se trata de un poder integrado solo por 11 ministras y ministros, que sobrepone sus decisiones a los dos poderes constituyentes, como son el Legislativo, 500 diputados y el Senado, compuesto por 128 representantes, aparte del Ejecutivo y los congresos estatales.

El proyecto que plantea declarar inconstitucional el paso de la Guardia Nacional a la Sedena se discutirá la próxima semana y es relativo a la facultad de la Secretaría de ejercer el control operativo y administrativo de la GN, como lo indica la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que definió la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La facultad está indicada en el Artículo 29, fracción XVl de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF).