Ciudad de México.- Durante la decimosexta reunión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez enfatizó que la ley busca institucionalizar una política pública que reconozca la responsabilidad de los distintos órdenes de gobierno y órganos autónomos, para establecer los criterios y normas que permitan implementar y dar seguimiento de las disposiciones internacionales para atender las demandas de los colectivos y facilitar así las tareas de investigación y creación de archivos de memoria.

Subrayó que es obligación del Estado mexicano garantizar el derecho a la memoria y generar las condiciones para que en materia de protección de archivos, establecimiento de sitios y creación de instituciones que diseñen políticas públicas para reconocer que la memoria no es oficial ni única, sino es la reconstrucción de un esfuerzo colectivo.

“Hay que dejar atrás el tiempo de las memorias oficiales y reconocer la diversidad que en esos procesos son parte de la construcción de la transición democrática en nuestro país” puntualizó.

Encinas Rodríguez presentó ante los integrantes de la comisión el documento elaborado por el Comité de Impulso a la Memoria que plantea la necesidad de crear una política de archivos vinculados a violaciones a los derechos humanos partiendo de que toda violación grave a éstos no tienen reserva alguna para acceder a la información, por lo que aseveró que todos los archivos deben ser considerados patrimonios de la memoria y obligar al Estado para promover su conservación y su difusión.

Consideró que el archivo a la memoria debe de contener todos los documentos de las comisiones de la verdad, acervos privados, fondos orales y documentales de todo el país, así como toda la normatividad de los documentos relacionados a las violaciones graves a los derechos humanos federales, estatales y municipales

De lo que trata, dijo, es de generar una ley clara y concreta sin muchas normas, que constituya las obligaciones del Estado para garantizar el ejercicio de este derecho para establecer una relación entre justicia, verdad, búsqueda y garantía de no repetición.