Ciudad Victoria, Tamaulipas. - Un daño al erario público por más de 195 millones de pesos, mismos que fueron tomados del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), se detectaron en la administración que encabezó la ex secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, por lo que se abrieron seis procesos en contra de ex funcionarios.

Como parte de las auditorías realizadas a diversas dependencias, está ocasión en el Sector Salud se encontraron estas inconsistencias, lo cual derivó en dos solicitudes de aclaración y tres pliegos de observaciones que no pudieron ser solventadas por la ex titular del sector salud.

Los seis procedimientos que inició el Órgano Interno de Control, para determinar posibles responsabilidades administrativas, son identificados con los números: AI-SST/108/2022, AI-SST/109/2022, AI-SST/110/2022, AI-SST/111/2022, AI-SST/114/2022, AI-SST/115/2022.

De acuerdo a lo informado, se utilizaron un total de 11 cuentas bancarias adicionales para manejar los recursos del FASSA.

Según las investigaciones, una de estas cuentas era para gastos de operación, cinco para la dispersión de pagos correspondientes a servicios profesionales y cinco más para el entero de terceros institucionales.

Cabe señalar que en este sentido, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo una solicitud de aclaración para que se proporcionara la documentación adicional justificativa y para comprobar 143 millones 660 mil 822.39 pesos, por concepto de los pagos realizados en el capítulo mil.

Además de 45 millones 448 mil 992.73 pesos por concepto de los pagos realizados en los capítulos del gasto 2000 y 3000.

Asimismo, la ASF determinó que por un probable daño o perjuicio no aparecen dos millones 784 mil 559.51 pesos, los cuales no se acreditaron no se regresaron y tampoco hay cancelación de cheques en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Cabe señalar que también hay inconsistencias por un monto de 69 millones 587 mil 200 pesos que supuestamente fueron utilizados en servicios, arrendamientos, medicamentos, medicamentos controlados a un alto costo, todo esto con recursos de la FASSA 2021.

También se realizó una revisión a cinco expedientes de la misma cantidad de contratos por un monto de cuatro millones 656 mil 500 pesos, mismo que se corroboró en el contrato número SST/SAF/DJ/DC/V/0209/2021 “Suministro de equipo dental para el programa de salud bucal”, donde no se presentó la fecha del estudio de mercado ni cuenta con firmas y sellos de quien lo emitió, tampoco se cuenta con la constancia de situación fiscal ni con el acta constitutiva del proveedor adjudicado.

En el contrato número SST/SAF/DJ/DC/V/0160/2021 “Suministro de insumos dentales”, no se presentaron las bases de licitación ni la fecha del estudio de mercado ni cuenta con firmas y sellos de quien lo emitió, no se cuenta con los oficios de invitación para la participación al concurso, carece de dictamen técnico y no se cuenta con la constancia de situación fiscal ni con el acta constitutiva del proveedor adjudicado.

Además, en el contrato SST/SAF/DJ/DC/V/0150/2021 “Suministro médico para el departamento de vacunación universal”, no se presentaron las bases de licitación, no se presentó la fecha del estudio de mercado ni cuenta con firmas y sellos de quien lo emitió, no se cuenta con los oficios de invitación para la participación al concurso, el contrato se formalizó 13 días después a la fecha pactada y no se cuenta con la constancia de situación fiscal ni con el acta constitutiva del proveedor adjudicado.

De los contratos número SST/SAF/DJ/DC/V/0035/2021 “Suministro de Medicinas y Productos farmacéuticos para el departamento de vacunación Universal” y SST/SAF/DJ/DC/V/0168/2021 “Adquisición de materiales, accesorios y suministros de laboratorio para el programa micobacteriosis”, no se presentaron las bases de licitación ni la fecha del estudio de mercado ni cuenta con firmas y sellos de quien lo emitió, no se cuenta con los oficios de invitación para la participación al concurso y no se cuenta con la constancia de situación fiscal ni con el acta constitutiva del proveedor adjudicado.

Por lo tanto, también se presume un probable daño a la Hacienda Pública por un monto de un millón 726 mil 894.31 pesos, todo esto más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la tesorería de la federación.