Las dos fronteras más críticas hoy, ante las recientes deportaciones masivas de migrantes venezolanos por el gobierno de Estados Unidos, son las de Chihuahua, en Ciudad Juárez, y las de Tamaulipas, en Matamoros y Reynosa.

De acuerdo a cifras conservadoras, cerca de 50 mil venezolanos han sido deportados desde finales de octubre y lo que va de noviembre, de los cuales, aproximadamente la mitad se encuentran hacinados en ciudad Juárez, y el resto, entre las dos ciudades citadas de Tamaulipas.

Un experto de ello, lo es el presidente de la ONG "Médicos sin Fronteras", Christos Christou, que en su pasada visita en México, el 16 de noviembre declaró, que "Está muy preocupado por la situación de los 41 mil migrantes que se han quedado atrapados en nuestro territorio. La mayoría de los albergues, pertenecientes a organizaciones humanitarias privadas, no se dan abasto, mientras que reciben escaso apoyo del Estado. Familias enteras duermen en la calle, pues los albergues están llenos y no hay más lugar para ellas".

De acuerdo a este preocupante panorama, la causa principal del mismo, considero yo que tiene dos vertientes:

1) La constante crisis política y económica del Venezuela actual, que a raíz del gobierno Chavista, continuado luego por la política regresiva del gobierno heredado por Nicolás Maduro, ha detonado en presionar una "constante expulsión de contingentes de las clases medias y medias bajas de ese país".

2) Por otra parte, este fenómeno se vio importado por el actual gobierno mexicano, que con cierto simplismo, se aperturó a abrir nuestras fronteras en el sur de Chiapas, a lo cual facilita las corrientes migratorias de centroamericanos, cubanos y haitianos, y ahora más reciente, de venezolanos, rusos y asiáticos.

Incluso, un mes después de que el propio Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, acordó con Estados Unidos recibir a migrantes venezolanos y brindarles apoyo, la crisis humanitaria hoy está peor. Se entiende que la apertura del gobierno mexicano, que dió entrada de aceptar las masivas deportaciones de los venezolanos, fue para tratar de "amortiguar las presiones del gobierno de EEUU, contra las diferencias del T-MEC por el sector energético", cuyas controversias siguen su curso, y se quiere impedir que se conviertan en "sanciones contra nuestro comercio exterior, sobre todo, del sector automotriz y no afecten los envíos de remesas actuales".

Esto ahora tiene serias consecuencias, porque el gobierno asumió en el extranjero compromisos internacionales que dentro no es capaz de cumplir y arroja la mayor parte de la carga a organizaciones privadas, laicas y religiosas, que son las que atienden en realidad, los pocos apoyos a los campamentos de venezolanos refugiados en nuestras dos fronteras.

El canciller asumió la responsabilidad de aceptar a miles de venezolanos sin prever las consecuencias humanitarias ni el daño al prestigio internacional de México, con tal de cooperar con EEUU en frenar la migración a cambio de respetar la política energética, actualmente sometida a consultas.

La realidad es que se están sacrificando a más de 49 mil migrantes, y peor aún, siguen deportando todavía más de ellos y continúan amenazando por llegar nuevos contingentes de venezolanos desde el sur de Chiapas, y el gobierno de Venezuela no asume su clara irresponsabilidad al seguir expulsando más ciudadanos...

Jorge Alfredo Lera Mejía

Tampiqueño, Economista (ITAM), LAE, Maestro en Economía y Doctor en Administración Pública (UAT).

Asociado del INAP, Subsecretario del Exterior de la Federación del Colegio Nacional de Economistas y Vicepresidente zona noreste de la LER. Inicia su carrera en 1977 y ha desempeñado diversos cargos en la Administración Pública Federal, en Michoacán y en Tamaulipas.

Catedrático en la UNAM, ITAM, ULSA y actualmente profesor-investigador por la UAT e Instructor de la Auditoría Superior de la Federación.