Ciudad Victoria, Tamaulipas. - El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, cumplimentó órdenes de cateo otorgadas por un juez de Control para cinco locales comerciales en Ciudad Victoria y dos en el Poblado de Nuevo Progreso en Río Bravo.

De acuerdo con la primera carpeta de investigación, la denuncia fue formulada por el apoderado legal de marcas registradas, quien hizo del conocimiento que en diversos negocios comerciales de Ciudad Victoria se vendían objetos que ostentaban falsificación de marcas.

Al desahogar dicha diligencia, los elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se trasladaron a los locales comerciales en los que aseguraron 27 prendas de vestir, seis equipos de cómputo y cinco equipos DVR.

En una segunda acción, en atención a una denuncia en la que se manifestó que en dos inmuebles ubicados en el municipio de Nuevo Progreso se vendían medicamentos controlados como Alprazolam, Clonazepam y Fentermina, sin receta médica, por lo que es probable que dichos medicamentos sean falsificados, robados o de contrabando.

Por lo anterior, los efectivos federales se trasladaron a dicho lugar, donde al llevar a cabo la inspección, aseguraron 20 mil 119 unidades de diversos medicamentos controlados catalogados como psicotrópicos; cabe destacar, que las sustancias fueron analizadas por peritos de la FGR para corroborar su composición química.

Como resultado de las investigaciones, el Ministerio Público Federal, elementos de la Policía Federal Ministerial, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y elementos de la Policía Estatal que brindaron seguridad perimetral con apoyo de la PFM y personal pericial de la Institución, cumplimentaron dichas órdenes de cateo.

Los Inmuebles, las sustancias químicas y los artículos apócrifos fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal de la FGR, quien continúa con la integración de la carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito contra la salud y Violación a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, para resolver lo que a derecho corresponda.