Tras darse a conocer la noticia de la detención del ex titular de la entonces Procuraduría General de la República (Fiscalía) de México, Jesús Murillo Karam, fue la notica que dominó y especialmente en el ambiente político en todo el país. El personaje conocido como el que acuño la frese de la verdad histórica en el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa,

La noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecieron en la ciudad mexicana de Iguala, en el estado de Guerrero y jamás se supo de ellos. A la desaparición de los 43 se le conoce como el caso “Ayotzinapa” y es uno de los escándalos más mediáticos en la violenta historia del país.

Como recordatorio y acorde a un artículo del portal BBC, de inicio según la primera versión oficial de entonces, divulgada durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, los desaparecidos fueron entregados aquella noche por policías municipales al grupo criminal Guerreros Unidos. De acuerdo a esta versión, miembros de Guerreros Unidos confundieron a los jóvenes con integrantes de los Rojos, una banda rival, y los asesinaron para después incinerarlos en el basurero municipal de Cocula en Guerrero.

La investigación que llegó a estas conclusiones fue liderada por el ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam y el jefe de investigación Tomás Zerón. Esta versión, titulada como "verdad histórica", apuntaba que los estudiantes no habían acudido a Iguala por los autobuses, sino que su propósito era boicotear un acto de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del entonces alcalde de la localidad José Luis Abarca Velázquez.

Abarca y Pineda se encuentran hoy en prisión y fueron acusados por el ex fiscal Murillo Karam de estar detrás de la desaparición de los estudiantes y de colaborar con grupos criminales. Sin embargo, esta "verdad histórica" fue puesta en duda desde el comienzo por familiares de víctimas, organismos nacionales e internacionales y la administración de AMLO que arrancó en 2018.

Después de años e investigaciones periodísticas independientes como la de Anabel Hernández, documentales, así como otros señalamientos por parte del grupo de expertos enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sabíamos que existió colusión y una participación directa o por omisión por parte de autoridades oficiales, como la policía local, federal y hasta el ejército mexicano.

En otras palabras, sabemos también que desde un inicio algo escondían y que el proceso de esclarecimiento de los hechos siempre estuvo bajo sospecha por las inconsistencias y por nunca terminar de hilvanar de manera contundente una narrativa que verdaderamente tuviera congruencia con muchas pruebas y testigos que iban surgiendo.

Al día de hoy increíblemente muchos todavía actúan sorprendidos porque involucran a Murillo Karam, cuando desde un principio fue de los personajes que por el puesto que ocupaba iba a cargar inherentemente con el peso de lo que resultara de todo. Y por el amor de Dios, quien realmente después de analizar múltiples pruebas en estos años y ver la falta de transparencia en la resolución del caso todavía piense que él es un chivo expiatorio, debe de estar o muy cegado o ser de la ideología del Priismo anacrónico.

Que dice de nosotros que en nuestro país la corrupción e impunidad siguen predominando mayoritariamente en nuestra sociedad y ni se hable a la hora de los procesos de impartición de justicia, en estos casos las estadísticas siguen siendo alarmantes y vergonzosas, tanto así que desde hace años 9 de cada 10 casos no terminan de esclarecerse.

Lo fuerte del caso de los desaparecidos de Ayotzinapa, es el recordatorio de que, en zonas de nuestro país, los grupos criminales, autoridades gubernamentales e instituciones policiales y del ejército, están coludidos y que pasan los años y seguimos viendo matanzas hasta de decenas, recordemos también que aquí en San Fernando Tamaulipas en el 2010 acribillaron y mataron a más de 70 migrantes.

Regresando al caso en mención, llámenle crimen de estado o como quieran, pero no puede quedar en impunidad y si realmente ahora se tiene voluntad política para verdaderamente hacer justicia, que lo hagan y que aprehendan a quien haya sido responsable. Ya basta de shows mediáticos y de dar atole con el dedo a los mexicanos, si crímenes tan espantosos como estos no tienen procesos más transparentes que culminen con una anhelada justicia para los afectados, ni hablemos de los miles y miles de casos pendientes en todo nuestro país.

Mientras sigamos teniendo procuradurías de justicia que no ajusticien, contralorías que no controlen, auditorías que no auditen y así sucesivamente, pues obviamente nunca prevalecerá el estado de derecho. Y más cuando se siguen velando por intereses cupulares y políticos en lugar de que se actúe pensando en lo mejor para la ciudadanía. ¡Caramba mis estimados lectores! ¿En dónde hemos visto o vemos esto? Nosotros decidimos que bandera queremos seguir ondeando, la de la democracia y justicia o la de la tiranía y perdición,

¡Bandera de México!, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos, te prometemos, ser siempre fieles, a los principios de libertad y de justicia, que hacen de nuestra patria, la nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia.  

Podemos repetir este juramento miles de veces, pero si no actuamos en concordancia, solo queda en un bonito deseo o pensamiento.

Jorge Alonso Infante Alarcón  

Carrera Licenciado en Relaciones Internacionales.

Maestría en Administración Pública en la U.A.M. Francisco Hernández García (U.A.T.)