Tampico, Tamaulipas.- Ante la pasividad y falta de respuesta a su problemática que cumplió 34 años después de la liquidación de la empresa paraestatal Hules Mexicanos (Humex), los ex trabajadores del Sindicato de la Industria Química y Petroquímica afectados están nuevamente exigiendo al gobierno de México atienda el clamor de más de 500 familias, que quedaron sin empleo y sin los beneficios que contemplaba para ellos la desincorporación de la industria en 1988, manifestó el vocero de los ex empleados Víctor Jiménez Galindo.

En este momento lo hacen, dijo, de manera respetuosa al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien han enviado documentos para ponerlo al tanto de la situación que sufren, sin embargo, están en vías de adoptar otras medidas ante el rezago que enfrentan en la solución a esta demanda.

En este contexto, detalló que en todos estos años durante los sexenios de Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, los ex trabajadores de Hules Mexicanos sólo hallaron puertas cerradas, injusticias y persecución por parte del entonces líder nacional del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química y Petroquímica de la República Mexicana, Gilberto Muñoz Mosqueda.

Expuso que en este último tramo a partir del arribo de López Obrador al Poder Ejecutivo, empezaron a tener esperanzas de solución a sus demandas, "porque al menos ya son escuchados", encontrando en la maestra Edna Rivera López, entonces diputada local por Tamaulipas, una aliada que les llevó por mejores derroteros, pero sin ver la justicia todavía en estos casi cuatro años de gestión gubernamental federal.

Advirtió en los argumentos de toda esta lucha de 34 años de los ex trabajadores y viudas de más de 150 ex obreros fallecidos que nunca se cumplieron las exigencias que se marcaron en 1988 para la operación de compra-venta de Hules Mexicanos SA, en ese tiempo una compañía paraestatal, estando al cargo de la desincorporación el entonces secretario de Hacienda (SHCP) Gustavo Petricioli y como promotor de la venta de dichos activos el entonces titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP), Carlos Salinas de Gortari.

Así también jamás han sabido de un pago de los seguros de vida a las viudas e hijos de beneficiarios de más de 150 ex trabajadores que fallecieron en todo este tiempo, como tampoco conocen de la suerte del monto remanente del fideicomiso creado en el mes de septiembre de 1982 como fondo de retiro de los trabajadores de base de Hules Mexicanos SA.

"No es el hecho de que se haya despedido injustificadamente a más de 500 trabajadores (de Humex), sino la negación u ocultamiento del beneficio federal que dejó en su momento el presidente Miguel de la Madrid Hurtado y que consiste en algo que textualmente lo dice muy claro el documento que conocemos como resolución RVP-062 de la SHCP y con un documento adicional que es el oficio 344 de la misma SHCP emitido el 29 de enero de 1988 en donde el Gobierno Federal dice 'que se venda' Humex junto con otras empresas petroquímicas, pero bajo ciertas condiciones".

Y puntualizó;

"Para ser precisos exactamente la primera condición para la venta o compraventa de Humex, la que no se ha cumplido y que dice así, 'las acciones que les garanticen, habla en plural, un mínimo del 2.5% del capital social total de la empresa' (a favor de los trabajadores); entonces, no solamente fuimos despedidos injustificadamente sino que el beneficio federal se nos ha negado siempre, ocultado siempre; ahora con el Gobierno de la 4T por lo menos nos escuchan, cuando menos nos contestan, por esto le pedimos al presidente que ordene una investigación de oficio, seria, responsable y profunda para conocer la verdad, porque el Poder Ejecutivo federal es el único responsable de resolver esto".

Aunque tienen cifradas esperanzas en el Gobierno de la 4ta Transformación, "porque por lo menos ahora sí son escuchadas sus demandas no como ocurrió con los gobiernos neoliberales", están evaluando realizar una serie de marchas y movilizaciones en las vialidades de Tampico para que su caso lo conozca la sociedad de Tamaulipas, calificando su problemática como una gran injusticia laboral que ya cumplió 34 años.