Pachuca de Soto, Hgo. (Agencia Informativa de México).- El diputado Roberto Rico, planteó crear la fiscalía de Atención a Delitos Cometidos contra la libertad de expresión y periodistas como un órgano de la Procuraduría General de Justicia del estado, dotado de autonomía y que cuente con facultades para investigar, combatir, prevenir y supervisar la persecución de dichos delitos, esto a través de la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Con ello se busca atender a las víctimas del delito, a través de una institución que permita promover una cultura de prevención del delito, así como el respeto y difusión de los derechos relacionados con la libertad de expresión y el derecho a la información; abonando así, al mecanismo de protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a través de la adecuación de las figuras procesales idóneas, de las que hasta el momento Hidalgo no cuenta.

Aseguró que el panorama para quienes ejercen el periodismo es alarmante, tan solo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos se han registrado 17 quejas en agravio a periodistas y 4 quejas en agravio a personas defensoras de los Derechos Humanos, mientras que en la aún Procuraduría General de Justicia de Hidalgo desde el 2015 a la fecha se tienen 7 averiguaciones previas y más de 60 carpetas de investigación sobre hechos perpetrados en agravio a personas defensoras de los derechos y periodistas.

Por todo ello consideró necesaria la creación de la fiscalía dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo luego que, afirmó; existen agresiones que no han sido denunciadas, y por tanto el mensaje debería invitar a denunciar; la lógica de la procuración de justicia actualmente es mantener la independencia o autonomía de las Procuradurías/Fiscalías, por tanto, quien debe pronunciarse al respecto son las y los titulares de dichas dependencias, no otras autoridades.

En todo caso, los gobiernos estatales y federales pueden «colaborar» en la investigación; además debe existir un compromiso de la autoridad encargada de la investigación de conducirse con seriedad y debida diligencia, agotando las líneas de investigación que vinculen la agresión con la labor de la persona beneficiaria y pronunciarse sobre la necesidad de brindar las medidas de protección a favor de testigos, familiares y operadores de justicia.